Las principales fuerzas políticas en la institución respaldan en un pleno extraordinario la convocatoria de ayudas para inversiones financieramente sostenibles
El pleno de la Diputación de Alicante de Alicante ha aprobado hoy en una sesión extraordinaria y prácticamente por unanimidad la convocatoria de ayudas para inversiones financieramente sostenibles que permitirá el reparto de 25 millones de euros entre todos los municipios de la provincia.
Al término de la sesión plenaria, el presidente de la institución, César Sánchez, ha destacado que “hoy hemos alcanzado un acuerdo histórico que permitirá que lleguen a todos los ayuntamientos más de 25 millones de euros. Las principales fuerzas de la Diputación han decidido apoyar este reparto, lo que pone de manifiesto que las inversiones en los municipios son una prioridad en esta institución y que el diálogo, el consenso y el acuerdo funcionan, un objetivo por el que trabaja de forma permanente el equipo de gobierno”.
La convocatoria de ayudas, que ha contado con el respaldo de los grupos del PP, PSOE y Compromís, además del diputado no adscrito y la única abstención de la representante de EUPV, contempla, por un lado, la dotación del conocido como Fondo de Cooperación, dotado con 13.951.567 euros y al que podrán acceder los 141 municipios de la provincia y las tres entidades menores en base a una serie de criterios como son el número de habitantes, la superficie, la densidad de población y el número de pedanías.
Por otro, la convocatoria cuenta con otra partida de 11.200.000 euros para compensar a los municipios que durante el año 2017 destinaron la ayuda provincial que recibieron para inversiones financieramente sostenibles a paliar los daños causados por los temporales. En este caso, se beneficiarán un total de 90 ayuntamientos, que recibirán el mismo importe que destinaron el pasado ejercicio a las citadas reparaciones, más lo que les corresponda por el Fondo de Cooperación.
La tipología de las actuaciones que se subvencionarán en la nueva convocatoria de ayudas, donde ya viene determinada la cantidad a la que puede optar cada población, es muy amplia y abarca alcantarillado, abastecimiento, residuos, alumbrado, mejora del medio ambiente, industria, energía, comercio, promoción turística, transporte de viajeros, infraestructuras de transporte, investigación científica, seguridad y orden público, protección civil, vías públicas, parques y jardines, creación de centros docentes, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales, instalaciones deportivas, carreteras, caminos o gestión del patrimonio, entre otras.
Los ayuntamientos podrán optar a un máximo de 4 actuaciones. Las obras serán contratadas y ejecutadas por cada ayuntamiento solicitante y el plazo máximo para la presentación de justificantes de gasto será el 1 de noviembre de 2019.
Durante la sesión plenaria, se ha aprobado, asimismo, la modificación de crédito necesaria para dotar esta convocatoria.
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