Objetivo Torrevieja

La actual legislación estatal impide reponer las plazas de trabajadores no cubiertas y solo se convocarán seis plazas. El convenio colectivo de los trabajadores municipales carece de los informes favorables para que pueda formalizarse

José Manuel Dolón, alcalde de Torrevieja (J. Carrión)

La Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado la Oferta Pública de Empleo de 2018 en la que se han podido incluir únicamente seis puestos de trabajo frente a las casi 90 bajas que se han producido en los últimos años. El alcalde José Manuel Dolón, ha explicado que esta situación se produce debido a las “limitaciones que vienen impuestas por las políticas del Gobierno del PP y como consecuencia de una Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de recortes que sufrimos en este país y que no nos permite cubrir las plazas que se amortizan”, ha dicho Dolón.
En su comparecencia en rueda de prensa el primer edil ha reiterado las pretensiones de los sindicatos y los deseos de los trabajadores “son legítimos, pero el cauce no lo ponemos nosotros, lo impone desde Madrid la política del Gobierno de España, por lo que obviamente poco podemos hacer aquí”. Además, ha recordado que la plantilla que remitió el Ayuntamiento en 2015 a la Subdelegación del Gobierno “se devolvió, la anuló y tuvimos que anularla en Junta de Gobierno en febrero de 2016, a pesar de que incluía plazas esenciales como por ejemplo conserjes para los colegios”.
Las seis plazas de la OPE son la que se contemplan en el Presupuesto Municipal de 2018 recientemente aprobado: dos plazas de agentes de policía una de peón, una de técnico superior de prevención de riegos laborales, una de auxiliar y una de profesor de música. A esta oferta se suman las dos plazas de agentes de policía y las dos de oficiales que están sin cubrir desde 2015 y que aún no se han cubierto “debido a la lentitud de la propia maquinaria administrativa del Ayuntamiento de Torrevieja”, ha dicho el alcalde, una circunstancia que en parte también ha achacado a las limitaciones para amortizar plazas sin cubrir plazas vacantes.

Convenio colectivo

Por otra parte, el alcalde se ha referido al convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento que está pendiente de firma debido a que no cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales. Dolón ha explicado que se ha producido una negociación que ha llevado hasta este punto, en el que Intervención considera que la propuesta de convenio “no respeta la legalidad actual”. El primer edil ha resaltado que si hay acuerdo sobre ese punto “yo firmaré encantado”. Y ha descartado que el convenio no se haya firmado por un desencuentro entre el Ayuntamiento y los sindicatos.
Dolón también ha señalado que tanto la Junta de Personal como el Comité de Empresa han solicitado que se paralice el convenio colectivo una circunstancia que podría estar condicionada por el hecho de que la Subdelegación del Gobierno ha estado rechazando los convenios que han presentado otros Ayuntamientos, lo que supondría una pérdida de derechos.
En su comparecencia ha reiterado que “los temas de personas de las administraciones públicas son muy complicados, no dependen de la voluntad del gobierno municipal, sino de una legislación que nos viene impuesta” a lo que ha añadido que “el talante de este gobierno no es funcionar de espaldas a los sindicatos y a los trabajadores” pero ha reconocido que hay algunos aspectos que “son complicados de negociar porque hay una resistencia feroz a replantearse algunos derechos que otros ciudadanos pueden llegar a considerar como privilegios”.
En ese sentido se ha referido a varios casos curiosos y a las paradojas que pueden llegar a darse. Ha citado algunos de trabajadores que incluso han ganado juicios con circunstancias que no están reconocidas en el convenio, pero en las que los tribunales les han dado la razón. “Temas que se han denegado por justicia y por solidaridad y que el trabajador los ha ganado en los tribunales”. Por ejemplo a la hora de elegir médico para una intervención y no utilizar ni el de la Seguridad Social ni el del seguro que paga el Ayuntamiento, eligiendo a un tercero. En ese caso concreto la negativa del Consistorio provocó un juicio que ganó el trabajador.

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