Juan Chapapría, tras el juicio
La Audiencia Provincial de Alicante ha emitido recientemente la sentencia en la que condena al autor de la mujer asesinada y descuartizada en Torrevieja en 2021 por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. La resolución judicial, dictada el 28 de enero de 2025, sigue el veredicto emitido por un Tribunal del Jurado, que halló probado que el acusado planeó y ejecutó el crimen en el domicilio que compartía con la víctima.Según la sentencia, el acusado y la víctima mantenían una relación de convivencia análoga a la matrimonial desde aproximadamente un año y medio antes de los hechos. Días antes del crimen, el acusado había registrado en su teléfono móvil anotaciones en las que expresaba su intención de torturar y asesinar a su pareja.
En la tarde del 27 de octubre de 2021, el acusado atacó de manera sorpresiva a la víctima dentro del domicilio compartido, propinándole múltiples puñaladas en diversas partes del cuerpo y realizándole una maniobra de estrangulamiento. El ataque resultó en una herida mortal en la región cervical, causando su fallecimiento. Posteriormente, el acusado desmembró el cuerpo y depositó diversas partes en contenedores y otros lugares cercanos a la vivienda.
El Tribunal del Jurado consideró acreditado que el asesinato fue cometido con alevosía, ya que la víctima se encontraba en un entorno en el que no podía prever ni defenderse del ataque. Asimismo, se señaló la existencia de ensañamiento debido al número de heridas infligidas, muchas de las cuales no eran necesarias para causar la muerte, aumentando deliberadamente el sufrimiento de la víctima.
Tras tres años de arduo trabajo jurídico y cuatro jornadas en Sala en la Audiencia Provincial de Alicante, el equipo penal del bufete Chapapría-Navarro & Asociados ha conseguido que, en base a todos los hechos referidos, la Audiencia Provincial condenará al acusado a una pena de 22 años, 6 meses y un día de prisión, con inhabilitación absoluta durante la duración de la condena. Además de una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con los hijos de la víctima por un periodo adicional de 10 años tras el cumplimiento de la pena, donde también se le fijaron unas elevadas indemnizaciones para cada uno de los hijos de la víctima en concepto de responsabilidad civil. «Esta sentencia ayudará a cerrar página a los hijos de la víctima y a darles una cierta <<paz>> que hace tres años les fue arrebata» afirmaba Juan Chapapría, CEO del bufete.
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