La junta de personal se queja de Dolón nunca convocó mesa alguna de negociación y que las “sentencias judiciales no se negocian”
Álbum, pinchando sobre la foto
Las declaraciones del alcalde José Manuel Dolón en rueda de prensa el pasado jueves, no hicieron ayer otra cosa que exacerbar los ánimos de los empleados municipales que cada día se reúnen en las puertas del consistorio y cuando parecía que los ánimos ya decaían un poco y estos parecía que se “cansaban” de asistir a las concentraciones, la de ayer fue la más numerosa y la más ruidosa, ya que a la percusión de “Los verdes” y los pitos, chicharras y panderos, se unió una gran cacerolada. A las palabras de Dolón de que los sindicatos nunca han querido negociar los criterios de productividad y acusar a los manifestantes de que estaban encubriendo a los “escaqueadores”, tanto el representante sindical como la presidente de la Junta de Personal respondieron que si tiene conocimiento de que algún empleado se •escaquea” o no cumple con su obligación, es él como concejal de personal el que tiene la obligación de llamarlo al orden y no poner con sus declaraciones al pueblo contra los funcionarios. María José Chazarra, a declaraciones a Objetivo Torrevieja, dijo que en los tres años y medio que lleva en el cargo el alcalde no se había convocado ninguna mesa de negociación, porque la premisa principal es que hay sentencias firmes respecto a la productividad ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que dicen que este complemento debe ser “desnaturalizado” e integrado a las retribuciones complementarias, fijas, y periódicas, y que por ello de esto no se puede discutir por que las “sentencias no se negocian”. Acusó también al alcalde de no facilitarles documentación necesaria para poder acudir a los tribunales y denunciar esta situación.
Donde dije digo, digo Diego
Las redes sociales, tan activas en estos temas “escupieron” ayer un documento en firmada por José Manuel Dolón (alcalde actual) y José Hurtado (concejal de Hacienda) en 2009, en el que desde la oposición reclamaban al gobierno del PP, que pagara con carácter retroactivo los complementos de productividad de personal que había estado de baja laboral y pidiera disculpas a los trabajadores afectados y que habían dejado de pagarse por unas sentencias.
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