Entre ellos están: corporaciones , funcionarios de Cataluña y fuerzas de seguridad del Estado a favor del orden constitucional y resto de ordenamiento jurídico vigente
Desde el pasado día 6 de septiembre, a raíz de la aprobación en el Parlamento catalán, de la Ley de Referéndum, que pretenden hacer “prevalecer jerárquicamente” sobre el Estatuto de Autonomía y la Constitución; de la firma por parte del Presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, del decreto de convocatoria de un referéndum unilateral de independencia, en donde se convoca a los catalanes a votar por una república independiente del Estado Español, todo ello con los informes contrarios por parte del Letrado Mayor y del Secretario General del Parlamento catalán.
De igual manera, el pasado día 8 de septiembre, y utilizando de nuevo el Parlamento, y desoyendo las advertencias del Consejo de Garantías Estatutarias (el TC catalán) se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que prevé convertir Cataluña en una república independiente.
Con posterioridad a todos estos “hechos” acaecidos en el Parlamento catalán, los Alcaldes y Alcaldesas de las distintas Corporaciones de toda la comunidad catalana, recibieron una carta, remitida por el Presidente Carles Puigdemont y el Vicepresidente Oriol Junqueras, en donde se les avisaban que la Ley de Referéndum, establece que los ayuntamientos deben poner a disposición del gobierno catalán, los locales de su titularidad, que se suelen utilizar como puntos de votación, dando un plazo de 48 horas para confirmar cualquier cambio o alegación.
En dicha misiva, exponen que tras la “aprobación” de la Ley de referéndum, existe un “régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar la votación”, y que los cargos públicos deben cumplirlo.
A raíz de la recepción de esta carta, el pasado día 12 de septiembre, Alcaldes, Alcaldesas y Concejales de más de 350 municipios catalanes, han impulsado un manifiesto avisando de que no cederán, pese a las “amenazas, coacciones, insultos y presiones” recibidas hasta el momento, por su posicionamiento contrario a un referéndum ilegal, en donde indican: “Ante este clima político y social, estimulado desde diversas formaciones y entidades, ni podemos, ni queremos callar, ni mucho menos escondernos”.
Por parte de los funcionarios catalanes de los organismos públicos, en especial el letrado mayor del Parlamento, y del Secretario General, indican que todo aquel que defiende la legalidad, es estigmatizado y quemado metafóricamente como “malos catalanes”, estos mismos funcionarios (juristas de reconocido prestigio) han presentado un escrito, advirtiendo de que las leyes de desconexión, tienen una “relación directa” con varias resoluciones soberanistas anuladas por el tribunal Constitucional, y recuerdan que el tribunal ha indicado a los miembros de la Mesa del Parlamento, que tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que vaya en esa línea.
Ante este clima intimidatorio, y ataque a la libertad de expresión, por parte del Ejecutivo catalán y entidades soberanistas, que promueven la desobediencia a las leyes, la justicia y los valores de las democracias europeas y occidentales, a través de un camino extremista y de radicalización, por el que pretenden arrastrar a las instituciones locales y autonómicas, así como a los funcionarios que trabajan al servicio del ciudadano, así como al conjunto de Cataluña.
Todo ello para intentar traspasar a los ayuntamientos y funcionarios, la responsabilidad del referéndum de independencia, y esconder las debilidades políticas y organizativas, culpabilizando a los consistorios y funcionarios, que han optado por cumplir la ley.
Estos actos extremistas, exigen el máximo rechazo y apoyo por parte del resto de la sociedad española, así como de las Instituciones y Grupos Políticos que la representan.
Por todo ello solicitamos :
1.- Al Ayuntamiento de Torrevieja manifieste el rechazo a la vía unilateral adoptada por el Ejecutivo catalán, y condenen las amenazas y acciones realizadas para coartar el derecho legítimo de expresión realizados por el Ejecutivo y entidades soberanistas, contra los funcionarios y corporaciones catalanas, que hayan adoptado por el cumplimiento de la legislación vigente, y el ordenamiento constitucional.
2.-El Ayuntamiento de Torrevieja, reitere su apoyo y solidaridad con las corporaciones, funcionarios catalanes y Fuerzas de Seguridad del Estado (guardia civil ,policía nacional y mossos d`esquadra ) en defensa de las instituciones, de la legalidad, y de la convivencia en Cataluña.
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