La Confederación Valenciana de APAs_AMPAs, COVAPA, (integrada por las federaciones provinciales Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d’octubre de Valencia); AMPAs Vega Baja y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística comunican a la Comunidad Educativa y a la opinión pública, que en los institutos de la Vega Baja, los consejos escolares han rechazado masivamente los Proyectos Lingüísticos que, como ya vaticinamos adolecerían de sus principales señas de identidad, la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa y cuya elaboración ha quedado muy lejos de ser el resultado de un proceso participativo.
La presidencia de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Educación, desoyen nuestra petición de posponer la elaboración e implantación de los PLC debido a las circunstancias actuales y perseveran en su insistencia de mantener un proceso inoportuno en el tiempo y que invita a la ceremonia de la confusión. Confusiones e incertidumbres que ya caracterizaron el proceso llevado a cabo en los centros de primaria y que, a día de hoy, ha supuesto un grave retroceso en los derechos lingüísticos de nuestro alumnado.
Por todo ello, más de un 70% de los centros de la Vega Baja han dicho
NO a unos PLC inoportunos en el tiempo
NO a unos PLC que no son reflejo del trabajo conjunto
NO a unos PLC cuya elaboración no es el resultado de un proceso participativo
NO a unos PLC que adolecen de transparencia y eficacia
NO a la imposición del Valenciano.
Y TODO ESTO PORQUE:
NO se han podido celebrar reuniones informativas: presencialmente imposible por prohibición expresa debido a las circunstancias y telemáticamente, de gran dificultad y no accesible para todas las personas interesadas, bien por medios, bien por habilidades para ello.
NO se ha podido conocer la opinión de las familias: responder a preguntas de una encuesta NO es conocer la opinión de las familias acerca del PLC ni su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.
NO existe una regulación oficial, precisa, pormenorizada y concreta acerca de los términos en los que se han de elaborar los citados PLC, refiriéndonos a cuestiones como los programas experimentales, exenciones, implantación secuenciada por niveles de las distintas etapas, porcentajes… y, en definitiva, de todos aquellos factores que intervienen en su elaboración y que como determina la propia Ley, habrá de ser acorde a las necesidades del contexto socioeducativo y demolingüístico del centro.
Esta falta de regulación está provocando también discriminación entre territorios de la Comunidad, generando el hecho de que haya centros a los que se les va a autorizar el no aplicar la ley mientras que a otros sí se exige el cumplimiento de la ley, sin que existan razones ni en los textos legales ni en la consideración lingüística de los territorios discriminados.
NO se respetan las normas de funcionamiento de los consejos escolares, órgano democrático para el gobierno del centro: en muchos casos, sus miembros no han recibido el PLC ni con la antelación suficiente, ni durante, ni después del consejo escolar. Simplemente, han accedido a la información que desde los equipos directivos les han querido “comentar” verbalmente.
En otros casos, consejeros y consejeras escolares nos trasladan su zozobra por las advertencias recibidas en caso de no votar afirmativamente y su repercusión posterior, tanto en el propio proyecto como en otros programas educativos del centro. O peor aún….recibir la sugerencia de votar afirmativamente porque “esto no afecta directamente a tus hijos, esto se aplicará a los niños que llegan el año que viene de primaria…”
La guinda del pastel le corresponde a las votaciones. Consejos escolares que no votan, pero en Conselleria hay un acta que así lo afirma, votaciones que no alcanzan la mayoría requerida pero en el papel dice lo contrario o votaciones irregulares porque no se tiene en cuenta el número de miembros totales, sino los miembros que se encuentran presentes en la reunión.
En varios centros de la Comunidad, se han dado por válidas las sesiones celebradas durante el año 2020, dando por buenos supuestos Proyectos Lingüísticos de Centro que carecían de gran parte de la información necesaria para su aprobación. Recordamos que los proyectos sólo podían ser aprobados entre el 1 y el 28 de febrero de este año debido simplemente a que la plataforma informática para la elaboración de la propuesta de Proyecto Lingüístico de Centro se activó por parte de Consellería con posterioridad al 1 de febrero de 2021 y, por lo tanto, resultaba imposible que los miembros del Consejo Escolar recibieran con anterioridad a esa fecha la oportuna documentación, junto a la convocatoria de la sesión en la que se debía votar la aprobación o no de las respectivas propuestas de PLC.
Este hecho, muy extendido según hemos podido conocer, ha tenido una contundente respuesta en algunos casos concretos y las direcciones de los centros se han visto obligadas a rectificar convocando consejos escolares con posterioridad al 28 de febrero para “regularizar” una forma de actuación que claramente pretendía impedir la participación de la comunidad educativa de sus centros.
Por todos estos motivos y ante este cúmulo de despropósitos, SOLICITAMOS que la Consellería de Educación haga públicas todas las propuestas de Proyecto Lingüístico de Centro elaboradas por los Consejo Escolares de cada centro educativo, que informe igualmente de la fecha en la que se celebró la sesión de aprobación de la propuesta de PLC por parte de cada Consejo Escolar, y que se indique el total de miembros que componen cada Consejo Escolar, así como el sentido final de la votación, con indicación de los votos a favor, en contra y abstenciones recogidos en las actas de los Consejo Escolares que se han remitido junto a cada propuesta de Proyecto Lingüístico de Centro.
Informamos a nuestros colectivos de la puesta a disposición de todas las familias y docentes de un servicio de asesoría administrativa y jurídica para evitar que se siga perpetrando la vulneración de los derechos de las familias en materia lingüística.
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