Utilizaron documentación extraviada para dar de alta de manera fraudulenta a dos personas en la Seguridad Social
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 40 años de edad y nacionalidad colombiana por un delito de Falsedad Documental y sobre la cual pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las Autoridades francesas a principios de este año por un delito de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo I de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación) de la Comisaría de Alicante.
Tuvo su inicio en la denuncia de una persona a la que la Tesorería de la Seguridad Social le solicitó una deuda por el impago de de los seguros sociales de dos personas que constaban empleadas a su nombre.
Según la victima ella no tenía empleada a ninguna persona, los agentes descubrieron que la documentación con la que se había dado de alta a los trabajadores estaba presuntamente falsificada. De igual manera la perjudicada participó a los investigadores que había extraviado su documentación, con la que presumiblemente se había dado de alta fraudulentamente a los falsos trabajadores con el fin de realizar diferentes trámites y cobrar ayudas.
Cuando los policías identificaron a la presunta culpable descubrieron que a su nombre constaba una Orden Europea de Detención y Entrega, procediendo a su inmediata detención.
La detenida se hallaba fugada de Francia y era buscada por las Autoridades francesas desde enero de este año como autora de un delito de Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.
Los delitos que se le imputan a la fugitiva tuvieron lugar en Francia en el año 2017. Presuntamente la detenida junto con otra persona regentaba un piso donde varias jóvenes eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda que había contraído al viajar a aquel país. La detenida se encargaba de la gestión del piso, la recolección del dinero, al tiempo que utilizaba su vehículo para el traslado de las víctimas.
Por estos hechos la detenida puede ser condenada a más de 10 años de prisión en el país vecino. La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, desde donde se celebró videoconferencia con el Juzgado Central de Instrucción número Cinco encargado de la decisión sobre la Orden de extradición.
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