Pide por escrito que se deje de generar un grave perjuicio a los dependientes y sus familias. Actualmente el servicio lo cubren tres personas durante seis meses al año.
José M. Dolón, alcalde de Torreviejaa
El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha solicitado que se “arbitren los mecanismos necesarios y se provea la dotación económica requerida” para que el servicio que se presta en Torrevieja a las personas en situación de dependencia se pueda prestar “durante los doce meses del año” y en consecuencia que se “contrate a las trabajadoras durante el mismo periodo de tiempo”.
Dolón ha realizado esta solicitud por escrito a la Dirección General de Dependencia y Mayores, de la Generalitat Valenciana, tras conocer que la situación de este servicio en la localidad “se ha venido reduciendo con el paso del tiempo y no se presta durante los 12 meses del año, quedando los dependientes afectados y sus familias sin ningún tipo de atención por las trabajadoras que prestan el servicio municipal”.
En la actualidad el servicio se presta durante seis meses al año, con tres personas, que “a su vez dejan de estar contratadas durante los periodos de tiempo en los que no hay servicio”
En la rueda de prensa, en la que el alcalde ha comunicado que ha remitido este escrito, ha recordado que no es “ninguna novedad que la Comunidad Valenciana es una de las que peor ha atendido a los dependientes”.
Además, ha mostrado el escrito del anterior alcalde, Eduardo Dolón a Los Verdes, con fecha de 31 de marzo, en el que queda de manifiesto que un tercio de las personas dependientes que tramitan su expediente en el municipio fallece antes de que se produzca el reconocimiento de sus solicitudes, sin poder tener acceso a beneficiarse de las ventajas que ofrece, tanto los afectados como sus familiares directos.
Concretamente el informe indica que de un “total de 2.424 expedientes 825 personas fallecieron” antes de que se tramitara su expediente, lo que deja en situación de “discriminación y abandono a cientos de afectados de Torrevieja”. El alcalde ha incidido en que esta situación “genera un serio perjuicio a dependientes y familiares degradando su atención e impidiendo la tramitación de muchos de los expedientes, con lo que se incumple con toda la legislación y normativa que regula la dependencia, vulnerando los derechos de los afectados”.
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