(Nota de prensa LV, 22.11.2010)
José M. Dolón LV
El Alcalde de Torrevieja se niega a facilitar al Grupo Municipal de Los Verdes las copias de varias Sentencias promovidas por diversos particulares contra el Ayuntamiento, cuyos fallos han sido en la mayoría de los casos a favor de los demandantes y en contra de las resoluciones, decretos o actuaciones municipales que dieron origen a dichos procedimientos judiciales.
Según establece el Art. 36 del R.O.M. y el 77 de la L.R.B.R.L, el Alcalde Hernández Mateo tenía que facilitar la documentación correspondiente a dichas sentencias en el plazo de 48 horas, o como máximo en un mes, motivando entonces el retraso, pero en el presente caso ha dejado pasar más de dos meses y medio, obligando a la Secretaria General del Ayuntamiento a tener que informar para eludir su responsabilidad como funcionaria.
La Secretaria ha informado fehacientemente de que el Alcalde tiene pleno conocimiento de dicha situación y de que pese a ello no ha facilitado la documentación solicitada, informando también de los efectos jurídicos que de la misma se derivan, indicando que una vez que se ha solicitado el certificado de silencio administrativo, la autoridad o funcionario tiene un plazo máximo de quince días para facilitar lo solicitado.
De la lectura de la comunicación de la Secretaria General podría desprenderse que estamos ante un caso claro de prevaricación, por negar el ejercicio de un derecho fundamental a sabiendas, teniendo plena constancia y conocimiento de que con ello se contravienen los más elementales derechos democráticos de los Concejales de Los Verdes en el ejercicio de su legítima función fiscalizadora, ejercicio fundamental en el funcionamiento de cualquier tipo de institución democrática.
Los Verdes estudian poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos por si los mismos fuesen objeto de delito penal, ya que además de representar un atentado a los derechos constitucionales de los concejales, se identifican plenamente con la figura penal de la prevaricación, al incumplir la obligación legal de facilitar y dar respuesta a lo solicitado.
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