Momento de la reunión ayer
El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, se ha reunido esta semana con las asociaciones que atienden en la ciudad a personas con diversidad funcional – AFA, ALPE, APANEE, ADIEM y AMFA-. El Centro de Discapacitados de la Avenida Delfina Viudes centró la atención de este encuentro. Las representantes de estos colectivos conocieron en qué punto administrativo se encuentra la apertura de este centro que se concluyó en 2010 y para cuya construcción y posterior puesta en funcionamiento, el Gobierno municipal de aquel momento no contó con la Generalitat Valenciana, que es quien tiene la competencia exclusiva para prestar este tipo de atención.
Dolón les relató que desde el primer momento en el que llegó a la alcaldía requirió a la conselleria que el centro se pusiera en marcha estudiando las alternativas que hubiera pero que solo cuando esta ha tenido una necesidad puntual a raíz de la crisis en la red valenciana de centros de menores tutelados, el gobierno autonómico ha incluido la dependencia de Torrevieja dentro de sus previsiones. Y lo ha hecho manteniendo el requerimiento del Ayuntamiento de que atendiera al mayor número de colectivos posible. Por ello, se ha accedido a que además de atender a menores tutelados, sirva como residencia de personas con diversidad funcional, sea sede del punto de encuentro familiar y que, además, abra sus instalaciones –la piscina o el gimnasio entre ellas- a las asociaciones que trabajan en la ciudad.
En este punto coincidieron todos los presentes con el alcalde de que el centro dé asistencia al mayor número de personas necesitadas de este tipo de atención y que la prioridad sea para los torrevejenses, entendiendo que la administración debe atender a los ciudadanos en función de su vulnerabilidad.
El alcalde les aclaró todas las gestiones que están demorando la apertura, para la que les trasmitió que desea “que se haga cuanto antes posible y en las mejores condiciones” y recordó que “los anteriores equipos de Gobierno del PP no acabaron el procedimiento administrativo y económico dejando aspectos muy importantes de los trámites sin concluir”. Estas gestiones ha habido que asumirlas ahora para poder legalizar las obras, lo que es imprescindible para su posterior cesión a la Generalitat. Así, desde la alcaldía se han realizado los trámites urbanísticos, notariales, registrales e incluso fiscales que han significado la declaración de obra nueva y división horizontal, la realización de la escritura, la inscripción en el registro y el pago del IVA adeudado al constructor así como la regularización del pago de las certificaciones pendientes, que algunas están abonadas y otras se encuentran en vía judicial.
Después de todas estas actuaciones se está redactando un proyecto conjunto por parte de los técnicos municipales y los de la Generalitat que permitirá materializar la cesión y prestar los servicios previstos.
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