Nota de prensa de Los Verdes, 27.5.2015
El Ayuntamiento de Torrevieja aprueba la Licencia de Actividad al Teatro Municipal tras mantener sus instalaciones funcionando a pleno pulmón durante 9 años sin disponer de las preceptivas y obligatorias autorizaciones y licencias, o sea, en la más completa ilegalidad, lo que ha generado serios problemas e inconvenientes que a lo largo de todos estos años se han ido subsanando en parte sobre la marcha.
El Decreto de Licencia de Actividad tiene fecha del 28 de Abril de 2015, estando condicionada todavía la autorización definitiva a la resolución de dos cuestiones que podrían determinar una nueva paralización del expediente.
La primera de ellas hace referencia a la sanción administrativa tramitada por la Administración de la Generalitat Valenciana como consecuencia de las denuncias presentadas por los Concejales del Grupo Municipal de Los Verdes, procedimiento sancionador ESANC/03/2014/0103, por estar funcionando sin disponer de la preceptiva licencia de apertura, y la segunda por no disponer de la certificación del técnico director de la ejecución del proyecto, dando la conformidad a que las instalaciones se ajustan a las medidas correctoras adicionales impuestas en la licencia de actividad y demás documentación obrante en el expediente.
A todas estas irregularidades, habría que añadir la falta de conformidad y del visto bueno del arquitecto redactor del proyecto, que al parecer y según ha hecho público en declaraciones a un medio de comunicación, no habría firmado el documento que acredita el fin de las obras, lo que complicaría todavía mucho más las cosas.
Desde Los Verdes consideramos que se trata de un expediente que se ha tramitado a la desesperada, obviando muchas de las medidas y recomendaciones contenidas en los informes de la Consellería de Gobernación sobre establecimientos para espectáculos públicos, por lo que hemos solicitado que se nos facilite todo el expediente que se ha tramitado en el Ayuntamiento para la concesión de las Licencias de Apertura y Actividad, así como los referidos a las sanciones impuestas por la Consellería, asuntos que determinarán la culminación de todo este tortuoso e irregular procedimiento, del que todavía está sin aclarar el millonario e injustificado sobrecoste de 3,4 millones de Euros, la destrucción de un elemento protegido el PGOU y el incumplimiento de importantes cláusulas del pliego de condiciones que hizo posible la adjudicación de las obras.
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