Objetivo Torrevieja

Fanny Serrano, secretaria de la J.G.L.

El Ayuntamiento de Torrevieja devolverá 165.631,27 euros más intereses del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cobrado durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de una parcela que fue expropiada. La Junta de Gobierno Local ha decidido no recurrir la sentencia dictada por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Elche que obliga a la devolución de esta cantidad, tal y como ha explicado la edil secretaria de este órgano, Fanny Serrano, “una vez analizada la contundente propuesta de la representación letrada del Ayuntamiento que dice literalmente que el recurso tendría ‘nula prosperabilidad’, y por lo tanto lo único que se conseguiría es seguir incrementando los intereses que terminarían pagando los ciudadanos”.
La situación que describe la sentencia “es muy clara”, ha dicho Serrano quien ha detallado algunos aspectos de los que se recogen como por ejemplo la situación que lleva a la reclamación que ha sido estimada. El Ayuntamiento ocupó entre los años 1998 y 2000 un espacio privado para construir un jardín y una pista de patinaje –el actual Parque de la Estación- que pertenecía a una empresa y a unos particulares. “El Gobierno del Partido Popular en vez de haber seguido el procedimiento expropiatorio reglamentario no lo hizo, ni siquiera cuando se dictó un justiprecio en 2008 que tendría que haber significado el cambio de titularidad formal, y siguieron girando el IBI, que los propietarios pagaron porque si no les habrían embargado, reclamándolo después judicialmente”, ha dicho la edil. Ahora obtienen el respaldo del juzgado que obliga no solo a devolver las cantidades abonadas sino también los intereses desde que el pago fue devengado, “y hay que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo importante de intereses puesto que el primer IBI reconocido que hay que devolver data de hace seis años”, ha matizado Serrano.
Otro punto del orden del día de “alto calado jurídico” ha sido la sentencia que ha estimado las pretensiones de un agente urbanizador que reclamaba al Ayuntamiento no hacerse cargo del mantenimiento de las zonas verdes durante el año posterior a la recepción tácita de las mismas, tal y como dicta la ordenanza municipal. En este sentido, el tribunal considera que tiene razón y declara nulo el artículo 88 de dicha ordenanza obligando a devolver las cantidades que el urbanizador haya gastado para mantener las zonas verdes durante ese año en el que fue obligado a hacerlo. En este caso, el informe de la representación letrada no comparte el criterio del tribunal ya que considera que el Ayuntamiento sí tiene competencia para ampliar el periodo de garantía. “Así que siguiendo este criterio, creemos conveniente el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia”, ha confirmado.

En el tercer caso del ámbito jurídico que se ha abordado hoy, se ha autorizado el allanamiento de la representación municipal en una demanda formulada por un miembro de la Policía Local que ha solicitado el pase a segunda actividad, cumpliendo uno de los supuestos objetivos para poder hacerlo. El letrado considera que el Ayuntamiento no debe oponerse a la misma.
También la Junta de Gobierno ha abordado una reclamación patrimonial, que ha decidido archivar en función de los informes técnicos ya que la ciudadana sueca que había tenido una caída en el paseo de madera de La Mata no ha presentado la documentación requerida. Sin embargo, Fanny Serrano ha afirmado que el paseo “está en tan malas condiciones que hemos decidido que el alcalde se va a dirigir al Ministerio para solicitar que se aborde un paseo con una solución constructiva adecuada que dé seguridad a los ciudadanos”. La edil ha comentado que el paseo es competencia de la Dirección General de Costas si bien el equipo de Gobierno del PP asumió el mantenimiento del mismo pero “estamos hablando de madera al lado del mar. Ahora no se trata solo de mantener sino que habría que construir uno nuevo y con unas condiciones adecuadas al sitio donde está”.
Los expedientes de disciplina urbanística (12) han ocupado igualmente parte de la sesión -todos ellos se han referido a multas coercitivas-. Del mismo modo que las autorizaciones para la ocupación del espacio de dominio público que Puertos nos tiene cedido y donde se instala la feria de atracciones. En este caso se han autorizado 65 solicitudes que se han añadido a las 29 que ya lo habían sido en la última Junta de Gobierno.

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