La rotonda fue recepcionada por el Ayuntamiento en 2007 a pesar de no ser legal. La Junta de Gobierno Local ha aprobado depurar responsabilidades de quienes permitieron, por acción y omisión, esta actuación
La Secretaria de la Junta de Gobierno Local (JGL), Fanny Serrano, ha informado de que el Ayuntamiento tendrá que asumir la demolición de la rotonda que se construyó “sin soporte legal y sin estar contemplada en el instrumento de planeamiento que desarrolló el sector en el que se ubica, el 13” y de que será el Ayuntamiento, y no la empresa adjudicataria de las obras, el que tenga que asumir la demolición. La edil ha adelantado que la JGL ha aprobado “depurar las posibles responsabilidades” de esta actuación.
Serrano ha recordado que cuando el actual Equipo de Gobierno inició el mandato se encontró con un expediente de restauración de la legalidad urbanística que se había incoado en 2012, pero que se había dejado caducar. “Lo que hicimos fue incoar un nuevo procedimiento que finalizó con un acuerdo de JGL de 3 junio de 2016 dando orden de demolición de la rotonda a la empresa adjudicataria, Jardinería Obras y Servicios de Guardamar y Torrevieja “por la manifiesta ilegalidad del elemento, solicitando que se procediera a restaurar la legalidad y con la imposición de multas coercitivas por no haberla restaurado voluntariamente”.
La empresa recurrió y la sentencia que ha acatado hoy la JGL desestima los dos motivos de oposición que presentó, sobre la caducidad del expediente y la alegación de vulneración del principio de confianza legitima. Pero estima el fondo del recurso al considerar que “la rotonda aunque se realizó de forma ilegal se hizo con el conocimiento del Ayuntamiento y el consentimiento del gobierno municipal de 2007”. La edil ha dicho que existe un acta de recepción provisional de 8 junio de 2007 aportada al recurso que ratifica este extremo.
El tribunal, por el hecho de que el Ayuntamiento permitiera que se pusiera en uso la rotonda y por haber asumido durante estos años su mantenimiento y reparación, considera que el propietario es el Ayuntamiento y por ello “ha de ser quien restaure la legalidad y está obligado a demolerla”, ha asegurado Serrano.
La Secretaria de la JGL ha anunciado que siguiendo el consejo del letrado del Ayuntamiento se acata la sentencia pero que “se van a depurar las posibles responsabilidades y no hablo de técnicos”, ha dicho “las cosas no salen gratis y no se puede malgastar el dinero público sin consecuencias”. Además, ha ironizado sobre la imposibilidad de que “aparezca” una rotonda en una de las principales vías de la ciudad y se haya construido al margen de la legalidad. En este punto también se han producido numerosos accidentes de tráfico debido a las condiciones técnicas de este elemento al que se añade un plus de peligrosidad por encontrarse frente a la puerta de acceso de un Instituto de Educación Secundaria.
La JGL también ha acatado la sentencia por la que el Ayuntamiento tendrá que llevar a pleno la ejecución de los avales del Sector 14 “Pichón” y otra por la que se desestima la legalización que pretendía un establecimiento que había ampliado en 30 metros cuadrados una terraza que, además, está afectada por el deslinde marítimo terrestre. También se han abordado distintas solicitudes presentadas por particulares relativas a reconocimiento de responsabilidad patrimonial.
Por otra parte, se ha aprobado el gasto menor destinado a la contratación de la redacción de proyecto para la licencia ambiental del mercado municipal La Plasa y la documentación técnica para proceder a legalizar las instalaciones de la planta baja. Igualmente, se ha adjudicado la contratación del suministro de gas propano para las instalaciones deportivas municipales.
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