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El Bufete Chapapría-Navarro & Asociados de Torrevieja consigue que el Tribunal de Cuentas fije para el 17 de noviembre el procedimiento del 1-Oct

El Tribunal de Cuentas anunció el lunes por la tarde la fecha de la celebración del juicio contra los 35 ex-altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont a los que Sociedad Civil Catalana les reclama la cantidad de 5,3 millones de euros por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el ‘procés’, rebajados a 3,2 millones por parte de la Fiscalía.

El Bufete Chapapría-Navarro & Asociacios de Torrevieja

El abogado Juan Chapapría a las puertas del Tribunal de Cuentas

17 de noviembre a las 9:00h de la mañana, esa será la fecha y la hora en la que finalmente se inicia el juicio y, donde el caso quedará visto para sentencia tras la celebración de la Audiencia Previa del pasado 16 de diciembre. El próximo 17 de noviembre también se llevará a cabo el esperado interrogatorio, entre otros, del expresidente de La Generalitat, Carles Puigdemont.

 

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, además de fijar este día en el calendario, informa que ha dictado un Auto en el que desestima las distintas peticiones de los codemandados con relación a los intereses y al cómputo de los plazos de estos. “Una vez más, el criterio del bufete en su escrito de oposición es el que sigue el propio Tribunal de Cuentas para desestimar las pretensiones de los demandados. Esto vuelve a poner en valor la capacidad jurídica del bufete para enfrentar cada uno de los intentos procesales de las defensas de los acusados”.

En un ejercicio riguroso Juan Chapapría, CEO de Chapapría-Navarro & Asociados y abogado encargado de la dirección legal de la parte demandante en esta causa ante el Tribunal de Cuentas, afirmaba: “Estamos muy satisfechos con las dos notificaciones que recibíamos el lunes del Tribunal de Cuentas. Aunque es un procedimiento que no ha estado exento de injerencias externas, estaremos trabajando de aquí a noviembre para que se cumpla con la ley y finalmente se obtenga una sentencia favorable que haga justicia y genere seguridad jurídica a nivel nacional”.


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