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El Bufete Chapapría-Navarro & Asociados, última esperanza frente al Procés

Ayer, a las 11:00 horas, tuvo lugar en el Tribunal de Cuentas de Madrid la vista por presunto desvío de fondos para la organización del referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo.

Juan Chapapría

La vista comenzó frente a los representantes de más de una treintena de demandados, entre los cuales se encuentran Carles Puigdemont, Arthur Mas y Oriol Junqueras. El motivo: desviar fondos de la Generalitat de Cataluña para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los gastos de la acción exterior de La Generalitat por una cuantía que asciende a 5,4 millones de euros, según lo que solicita la parte demandante, Societat Civil Catalana, y 3,5 millones de euros que solicita la fiscalía.

El procedimiento contable por el delito de malversación que se sigue ante el Tribunal de Cuentas es uno de los asuntos judiciales más importantes del país de los últimos años hasta el punto de que, debido a la negociación del gobierno en funciones con los lideres separatistas de Cataluña y la tramitación de la Ley de Amnistía, se ha convertido en el posible último frente de batalla legal de los constitucionalistas.

El procedimiento que representa el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, bajo la dirección jurídica que lidera el abogado torrevejense Juan Chapapría, llega a su recta final habiendo demostrado no solo un rigor jurídico excepcional, sino también por el reconocimiento otorgado y la atención a nivel nacional merecida, por conseguir que en la Audiencia Previa fueran desestimadas todas las excepciones procesales planteadas por los catorce abogados que representan a los demandados, manteniendo, hasta el final, y según el criterio del Tribunal de Cuentas, la celebración de la vista que tendrá lugar mañana.

Al finalizar el juicio, el procedimiento quedará a la espera de recibir las conclusiones escritas de las partes y, tras ello, quedará visto para sentencia; un pronunciamiento por parte del Tribunal que se espera se produzca antes de la previsible entrada en vigor de la Ley de Amnistía.


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