Manifestación en Orihuela (Archivo)
Cuando en el pasado mes de junio, millares de padres presentaron recursos individuales ante Conselleria contra la implantación a la fuerza del valenciano en el sistema educativa, el Bufete de Abogados Chapapría-Navarro y Asociados, encargado de la magna tarea, ya expuso su certeza de que las autoridades políticas de la Conselleria darían una contestación negativa lo que abocaría a las familias a acudir a los tribunales para defender sus derechos y el futuro de sus hijos.
Nadie, sin embargo, barajaba la mezquina respuesta del Gobierno Valenciano que, simplemente, ha decidido no responder ninguno de los miles de recursos remitidos, ignorando, de esta forma, la masiva demanda de las familias. Nunca jamás un gobierno autonómico español ha actuado con una actitud de desprecio hacia la sociedad.
El año pasado Orihuela fue escenario de la mayor manifestación de la historia de la Vega Baja. Meses después la inmensa mayoría de los consejos escolares de esta comarca rechazaron la implantación a la fuerza del valenciano en el sistema educativo. Hace unos meses, en Pilar de la Horadada, tuvo lugar la mayor concentración tras la pandemia, en la que las familias exigieron libertad de elección de lengua vehicular. Y, como colofón, miles de padres se han tomado la molestia de acudir a un despacho de abogados para reclamar el derecho estatutario de sus hijos a la exención del uso y enseñanza del valenciano. Y, ante todas estas acciones legales, pacíficas y masivas, el Gobierno valenciano simplemente se ha limitado a despreciar a los ciudadanos de la Vega Baja y a mantener su proyecto de extirpar el castellano del sistema educativo e ignorar el derecho de nuestros hijos a la exención del uso y enseñanza del valenciano o, lo que es lo mismo, a impedir algo tan natural como el derecho a elegir la educación en la lengua materna.
Es aceptable que un gobierno mantenga posiciones discrepantes con parte de su población, incluso con la mayor parte de la población de la Comunidad, como es este caso, pero lo que resulta del todo intolerable es que, los ciudadanos, ni tan siquiera merezcan una respuesta, aunque fuera sin reconocer sus derechos.
Los padres y madres de la Vega Baja han dedicado horas de trabajo de su tiempo, recursos económicos, han consagrado esfuerzos, en ocasiones enormes, simplemente para pedir algo tan aparentemente simple como que se respeten los derechos de sus hijos. Mientras, el Gobierno Valenciano, que cuenta con millones de euros procedentes de nuestros impuestos y con el trabajo de la abogacía de la Generalitat no considera que las familias de la Vega Baja merecen un simple papel de respuesta en el que se argumenten las razones legales por la que a nuestros hijos se les puede privar del derecho a la exención pese a estar recogido en el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad.
La Plataforma de Docentes y Ampas Vega Baja consideran que no se trata solamente de un miserable gesto de desprecio hacia los padres y alumnos de la comarca; entendemos que se trata de una actitud insultante para todos los vecinos de la Vega Baja y, en este sentido, hace un llamamiento a ciudadanos, instituciones, asociaciones, empresas y colectivos a dar una contundente respuesta a la humillación del Gobierno Valenciano a nuestra tierra.
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