Objetivo Torrevieja

Varias voces crítica consideran que se está abarcando un terreno que no se trata en el derecho canónico y que, de forma implícita, se veta a personas como los homosexuales casados.

Obispo Diócesis Orihuela-Alicante José Ignacio Munilla

Ni casados por lo civil, ni los que se encuentran en pareja de hecho, ni cargos políticos. Estas son algunas de las condiciones que ha impuesto el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, a aquellos que aspiren a ser presidentes de una cofradía de la Semana Santa de la diócesis.

Incompatibilidades

Así se recoge en el Decreto de la Ampliación de las Normas acerca de las Cofradías y Hermandades de Semana Santa que firmó Munilla a finales de julio y que ha adelantado el diario Información de Alicante.
En el texto se recoge literalmente entre las incompatibilidades para los presidentes de las cofradías que “no podrán ejercer los cargos de presidente y vicepresidente las personas que estén en situaciones irregulares: matrimonio a prueba, uniones libres de hecho, católicos unidos por mero matrimonio civil y católicos divorciados que se han vuelto a unir civilmente con otra persona”. Pero además, la línea roja se establece también para aquellos que tengan algún cargo político -como podría ser un simple concejal- o de una asociación política.

La propuesta ha creado mucha polémica en las cofradías, donde muchos de sus miembros se han mostrado críticos con esta normativa. En ese sentido, señalan que se está abarcando un terreno que no se trata en el derecho canónico y que, de forma implícita, se veta a personas como los homosexuales casados, ya que estos no pueden formalizar su unión a través de la iglesia católica.

Por otro lado, estos representantes advierten de que estas normas no se aplican al resto de cofrades, un tema espinoso que apuntan a que si se extendiera a toda la hermandad podría vaciarse de miembros.
Munilla también ha recibido críticas por pretender un mayor control de las cofradías y hermandades a través de la figura del “consiliario”, que será “nombrado libremente por el Obispo” y que tendrá derecho a veto “en lo que afecte al culto público, a la parroquia y a materias de fe y costumbres”.

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