Por unanimidad de todos los grupos municipales se aprobó de forma inicial en el Pleno ordinario de agosto el reglamento del Consejo de Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Torrevieja.
VÍDEO: Pleno ordinario agosto Ayuntamiento de Torrevieja (Foto: Archivo / J. Carrión)
El concejal portavoz del PP, Federico Alarcón, explicó que se trata de un órgano de participación y consulta en materia de diversidad funcional, que tiene como finalidad principal la promoción y defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de estas personas, para que alcancen la plena integración social, laboral, económica y cultural en el municipio.
El órgano colegiado podrá emitir
informes, dictámenes, propuestas o peticiones, que serán tomadas en consideración por el Ayuntamiento, sin que tengan un carácter vinculante, y que recogerán las necesidades de las mujeres y hombres con diversidad funcional y sus familias.
Sobre este asunto, la concejal del PSOE, Carolina Ponce, se congratuló de que la ciudad vaya a contar con un reglamento tan importante como este, aunque criticó que en el primer borrador se especificó que los concejales de la oposición tenían derecho a voz sin voto. «Se ha pretendido negar la participación del resto de grupos políticos», lamentó. Tras un toque de atención de la secretaria, los técnicos modificaron este aspecto.
Por otro lado
La edil socialista criticó que el informe de impacto de género «no contiene ni un solo dato de la ciudad», señalando que es «genérico» y podría atribuirse a cualquier municipio. También lamentó que el Gobierno del PP ha dejado «perder» subvenciones en materia de accesibilidad.
Morosidad del segundo trimestre de 2023
En la sesión también se dio cuenta de los informes de morosidad del segundo trimestre de 2023 del Ayuntamiento, del Instituto Municipal de Cultura y del Patronato de Habaneras. El concejal portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, indicó que en este trimestre se han pagado 603 facturas por importe de 20,7 millones de euros, siendo el periodo medio de pago de 85,7 días, «casi el triple de días que el periodo medio legal de pago».
Samper, en base al informe, aseguró que el gobierno del PP ha dejado al final del segundo trimestre «un total de 612 facturas pendientes de pago por valor de 19 millones de euros, con un período medio de pago hasta el 30 de junio de 2023 de 192 días, casi 6,5 veces el período medio legal». Samper citó algunos ejemplos, entre otros, que el consistorio tenía a 30 de junio de 2023 un total de «7 facturas sin pagar de más de 3.000 días», «15 facturas más de 2.000 días» y «41 facturas de más de 1.000 días».
Para Samper, «el gobierno del PP en vez de pagar a los proveedores dentro del período medio legal de pago de 30 días, demora estos pagos cada vez más para rentabilizar parte de este dinero, concretamente 40 millones de euros, contratando un plazo fijo a 18 meses y mientras tanto muchos proveedores tienen que esperar a cobrar a veces varios años». Con todo, desveló que la morosidad media de los cuatro últimos trimestres del Ayuntamiento «alcanza los 20 millones de euros, con un máximo de más de 22,6 millones en el primer trimestre de 2023».
Por su parte, el concejal del PSOE, David Villanueva, preguntó al equipo de Gobierno los motivos de este «empeoramiento» de la morosidad, señalando que «no veo ninguna razón sustantiva» y atribuyendo este hecho a la «gestión del PP».
En último lugar intervino el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, quien señaló que el periodo medio de pago del Ayuntamiento es de 85 días, el del IMC de 53 días y el del Patronato de 11 días. Además, reconoció que este incremento se debe a los numerosos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. En este sentido, indicó que desde el abono de las facturas con el último expediente de este tipo «hemos reducido el pago en 30 días». «El Ayuntamiento no solo paga a sus proveedores sino que no se generan intereses de demora», apostilló.
Ejecución presupuestaria
Destacable fue asimismo el punto de dar de cuenta de la ejecución presupuestaria a 30 de abril. Pablo Samper, edil de Sueña Torrevieja, detalló algunos de los datos que consideró relevantes, entre ellos el incremento en 8 millones de los ingresos y la reducción en 4,8 millones de los gastos con respecto al mismo periodo de 2022, acusando al PP de «falta de gestión».
En cuanto a los gastos, indicó que «debería estar ejecutado el 33% y a penas supera el 17%». En gastos corrientes indicó que «se han dejado de ejecutar 12 millones de euros». Samper criticó que no se ha ejecutado «ni un solo euro» en gastos sociales, y subrayó el «déficit» existente en el capítulo de inversiones, ya que, indicó, «solo se ha ejecutado el 6%».
El concejal del PSOE, David Villanueva, mostró su preocupación de que el Instituto Municipal de Cultura haya gastado el «80%» del presupuesto a 30 de abril. Villanueva resaltó que el presupuesto es de 2021 y consideró que «no se adecúa a las necesidades del municipio», al tiempo que preguntó al edil de Hacienda si la ciudad contará con un nuevo presupuesto en 2024.
Domingo Paredes, edil de Hacienda, enumeró las principales partidas ejecutadas, como los 2,5 millones en Parques y Jardines, 1 millón en playas, 1,7 millones en ONGs y asistencia social, 2 millones en Empleo y 1,3 millones en Deportes. Con todo, recalcó que el Ayuntamiento ha ejecutado el 25,59% del presupuesto, que se traduce en 35,7 millones en este primer cuatrimestre. «Optamos por la gestión económica positiva», aseguró Paredes, señalando que hay un «equilibrio» de los ingresos y gastos. Por último, defendió que el presupuesto prorrogado «cubre todas las necesidades de la ciudad», por lo que «tenemos un Ayuntamiento saneado, sin deudas y con sus cuentas en positivo».
Dedicaciones parciales y exclusivas
Asimismo, se dio cuenta de los decretos de Alcaldía y los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local del mes de julio. Igualmente, se dio cuenta del decreto de Alcaldía de fecha 8 de agosto de concesión de dedicaciones parciales a los ediles socialistas José Antonio Bonilla Millán y Margarita de Francisco Gamero y a la edil de Vox Victoria Navarro Galindo, así como la dedicación exclusiva a la socialista Bárbara Soler.
Polémico fue el punto de dar cuenta
Del acuerdo de la JGL de 28 de julio de delegaciones de competencias en concejales. La portavoz del PSOE, Bárbara Soler, aseguró que este decreto incluye una serie de «disparates jurídicos», poniendo como ejemplo que se delegan diversas competencias de la Junta de Gobierno Local a diversos concejales en materia de contratación. Por ello, Soler advirtió que el PSOE lo impugnará e instó al Gobierno local «por tercera vez en dos meses», afirmó, a que haga una delegación de competencias «en condiciones». El alcalde, Eduardo Dolón, replicó que el habilitado nacional hizo un informe que reconoce que «lo que estamos delegando es delegable».
También instó a Soler a poner estos hechos en conocimiento de la administración si así lo considera antes de recurrir. Destacable fue la aprobación por unanimidad de la propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la configuración de los miembros que integran el Consejo de Administración de Agamed.
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Filed under: Política |
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