Objetivo Torrevieja

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja fiscalizará la actuación municipal desarrollada para la contratación y ejecución de las obras del Paseo Marítimo Juan Aparicio, que estuvo plagada de irregularidades  y que ya le ha costado a los contribuyentes más de un millón y medio de Euros, entre los que se incluye la multa de más de 800.000 impuesta por Costas, la indemnización pagada por la negligencia que provocó lesiones gravísimas a una joven sueca y la muerte de otra persona, los gastos y costas judiciales, etc., además de la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente decida finalmente restituir la legalidad demoliendo parte de las obras ejecutadas ilegalmente.
La propuesta tramitada por el Grupo Municipal de Los Verdes pretende conocer todos los pormenores contenidos en el expediente de este proyecto de remodelación de parte del litoral de Torrevieja que hacen referencia a los sistemáticos incumplimientos de la Ley de Costas y a la financiación de las obras, habida cuenta de que parte de las mismas lo fueron a través de un crédito blando del Banco Europeo de Inversiones.
El Alcalde dejó claramente marcada la impronta de su gestión política en esta actuación, haciendo caso omiso a las determinaciones contenidas en la Ley de Costas y obviando cumplir con los requisitos que son de obligado cumplimiento para poder ejecutar un proyecto de estas características. Las obras se ejecutaron en su totalidad sin disponer de las preceptivas autorizaciones y concesión de costas, no atendiendo a los requerimientos de Medio Ambiente, ni haciéndose el trámite de exposición pública, con lo que se  impidió que los ciudadanos pudieran personarse y participar en dicho proyecto.
Los Verdes consideran que hay demasiadas irregularidades, y que algunas de ellas podrían exceder lo administrativamente admisible, aproximándose mucho más a una presunta actuación delictiva que a uno de los actos reglados propios de las Administraciones Públicas.  Los accidentes y siniestros sufridos por varias personas como consecuencia de posibles negligencias en las medidas de protección y de señalización, las cantidades millonarias abonadas en concepto de multas e indemnizaciones, la insumisión ante las autoridades de Costas y el incumplimiento sistemático de la legislación vigente apuntan en dicha dirección. Por todo ello se hace necesario que se produzca la fiscalización de este polémico e irregular expediente para poder valorar la posibilidad de exigir las responsabilidades que del mismo se desprendan.

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