Objetivo Torrevieja

Según el informe del Interventor, la secretaria, la Oficial Mayor y el Técnico de Administración General percibieron casi tres millones de euros en la última década

Álbum pinchando sobre la foto

Un pleno madrugador el de ayer, presidido por la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra, realizado con luz y taquígrafos para que la ciudadanía pudiera ilustrarse sobre “de que iba aquello” de la recusación al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, solicitado por tres altos funcionarios contra el alcalde y que TVT trasmitió y repitió anoche para todos aquellos que no lo pudieron ver. Los solicitantes defendían que el alcalde no podía ser imparcial con ellos ya que la denuncia es por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación a raíz de un informe del interventor en el que se describen esas irregularidades.
Abrió fuego Fanny Serrano que pidió que el tema quedara sobre la mesa por la ausencia de la documentación o la información que daba origen a la recusación propuesta, que fue denegada, aunque sin embargo, Pilar Gómez, de Ciudadanos, sí contaba con el informe porque lo solicitó en la comisión previa al pleno y le fue entregado ayer. Algo que ha permitido a Ciudadanos, y en especial al PP, dar oportunidad a “destripar” el contenido de la denuncia del interventor.

Los más interesante del Pleno fue cuando Jesús López, el interventor comenzó a dar lectura completa al informe de una forma detallada, punto por punto, de una forma cronológica, email, por email, llamada por llamada, hasta llegar al día de ayer. Esta lectura corresponde a la denuncia que traslado al alcalde y que todo comenzó cuando le pareció raro que cuando llegó en agosto pasado descubrió que había puestos de trabajo con una dotación económica de más de 75.000 euros y que no estaban ocupados. Tras realizar varias consultas al Registro nacional de funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y a la dirección general de Administración General de la Generalitat tuvo constancia de que la secretaria general no trasladó al órgano competente un acuerdo del pleno del 25 de abril de 2008 del Ayuntamiento en el que se aprobaba la provisión de una plaza de director de asesoría jurídica y otra de habilitado para el órgano de apoyo de la junta de gobierno.

Hecho que no se comunicó de manera “dolosa” y que sigue hasta la fecha. Esta situación la conocían también los otros dos funcionarios, beneficiándose los tres con aumento de retribuciones y justificación de horas extra por desempeñar las funciones de los dos puestos no cubiertos durante todo ese tiempo, cobrando la funcionaria Oficial Mayor, 87.165 euros entre 2009 y 2109 en funciones de órgano de apoyo y otros 125.612 en horas extraordinarias en el mismo periodo. La secretaria, cobró también, según la denuncia 94.000 euros en horas extra entre 2009 y 2019 y el técnico de administración general hasta hace poco responsable de Recursos Humanos cobró en concepto de horas extra, 21.000 euros.

El interventor Jesús López dio a conocer que las retribuciones anuales de los tres funcionarios sobrepasaban ampliamente las retribuciones del presidente del Gobierno. Así la secretaria percibió 1.134.821 euros en estos últimos diez años; la Oficial Mayor 1.126.000 euros entre 2009 y 2019 y el Técnico de Administración General 681.112 euros.
El técnico ha asegurado que si el alcalde Eduardo Dolón no hubiera llevado la denuncia al juzgado lo hubiera hecho personalmente incluyendo en su informe al primer edil como responsable.
El portavoz del PP, Federico Alarcón, indicó que tres informes técnicos rubricados por el secretario accidental, la directora general de Recursos Humanos y la asesoría jurídica de la Diputación avalan la decisión de no recusar al alcalde porque intentaba invalidar la acción de gobierno de Eduardo Dolón al apartarlo de procedimientos administrativos.

Tras un debate sin pies ni cabeza, en el que ha salido a la palestra cosas tan peregrinas como las luces y las tracas de las Fiestas, los presupuestos del Instituto Municipal de Cultura, o el contrato de las basuras, haciendo en algunas ocasiones perder el hilo de lo que realmente se estaba tratando y que a los que lo vimos nos pareció que toda esa parafernalia en esos momentos estaba de más, se procedió a la votación que rechazó la recusación de Eduardo Dolón con los votos favorables de la mayoría absoluta del PP, la edil de Ciudadanos y la concejal de Vox. Mientras que el PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja votaron a favor de la recusación que solicitaba que el alcalde se abstuviera desde ahora de participar en los procedimientos en los que los funcionarios denunciados aparecieran como interesados.

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