La madrugadora sesión comenzó a las ocho de la mañana ante la indignación de los partidos de la oposición
F. Reyes / La Verdad
Imagen del Pleno de Fiscalización de ayer
Los grupos de la oposición, con la sola abstención de los ediles de Alternativa Popular, rechazaron la declaración de urgencia del Pleno de fiscalización que había solicitado y que fue convocado el miércoles por el alcalde, Eduardo Dolón, una vez que PSOE, Aptce y LV, presentaron la séptima firma que se considera como un cuarto de la Corporación municipal.
La sesión debería haberse celebrado el pasado martes 9, pero fue el juzgado Contencioso Administrativo de Elche, quien dictó medidas cautelares de suspensión, solicitadas por el gobierno del PP. Por eso ayer la edil socialista, Fanny Serrano manifestó que «éste no es nuestro Pleno» y pidió que la sesión no fuese apuntada como solicitada por la oposición «porque hay mucho que rascar en este Ayuntamiento». Serrano también lamentó que se hubiera fijado a las ocho de la mañana, lo mismo que señaló el portavoz de Alternativa Popular, Domingo Soler y el de Los Verdes, José Manuel Dolón.
La sesión se celebró con cierta tensión entre oposición y gobierno, aunque todos los puntos se fiscalizaron de conformidad con los votos de los ediles del PP, sobre todo a la hora de tratar la contratación de la prestación del servicio de limpieza de edificios escolares y dependencias municipales, en el que el socialista Ángel Sáez acusó al alcalde de constituir una «experiencia piloto de recortes y despidos que no les ha salido bien por la movilización de las trabajadoras».
El nuevo pliego de este servicio ha quedado sin adjudicataria, después de no darse por válida la presentación de documentación de la actual concesionaria, PAU S.A., así como de la renuncia a última hora de la siguiente mercantil que quedó en el concurso. Sáez dijo que los populares, «no tuvieron en cuenta que un funcionario retuvo documentación de la empresa durante semanas». El portavoz de Los Verdes expuso que «con veinte edificios más se rebajó el pliego en 340.000 euros» y responsabilizó al alcalde de poner en peligro 34 puesto de trabajo. Por su parte el portavoz del PP, Joaquín Albaladejo, quiso dejar constancia de que «el pliego exigía el mantenimiento de los puestos de trabajo», así consideró que los ciudadanos «nos exigen que intentemos optimizar los recursos económicos del ayuntamiento».
También se examinó la contratación de la compañía Vodafone para la telefonía móvil municipal, cuyo concurso quedó desierto, y la oposicion recordó que está prestando el servicio desde el año 2000 sin contrato.
Otro de los temas que generó más intervenciones fue la organización de la Media Maratón, desde 2007 a 2013, en el que la edil de Aptce, Margarita Torregrosa, expuso que desde el 2009 siempre se ha adjudicado a la empresa Grupo Brotons por el precio más alto, que ha llegado a alcanzar los 55.000 euros. El portavoz de LV puso como ejemplo ciudades en las que la misma prueba cuesta 12.000 euros. El edil de Deportes, Luis María Pizana, indicó que los informes técnicos habían sido siempre favorables y acusó al portavoz de Aptce, de «doble moral por haber aprobado cuando era edil del PP varias de estas contrataciones».
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