La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, que en la actualidad cuenta con un millar de docentes inscritos procedentes de toda España pero, particularmente de la Comunidad Valenciana quiere dar a conocer y denunciar públicamente los siguientes hechos.
El pasado día 14 de enero, varios cientos de jefes de departamento de los institutos de la Vega Baja han sido convocados por parte de sus respectivos asesores lingüísticos para una sesión informativa. La iniciativa generó ciertas expectativas entre los docentes, dada la situación de desconcierto que viven los claustros de secundaria ante la inminente implantación de los Proyectos Lingüísticos de Centro y la negativa reiterada de la dirección política de Conselleria por resolver las dudas legales y organizativas que suponen una ley que, debido muy posiblemente a su manifiesta ilegalidad y al rechazo que despierta entre la ciudadanía, se ha evitado desarrollar legislativamente, sustituyendo el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma por instrucciones verbales que, en muchas ocasiones, son contrarias a las leyes e, incluso a la propia legislación que se quiere implantar.
Esta situación provocó una asistencia masiva de más de 500 docentes a las distintas reuniones telemáticas convocadas. Sin embargo, la sorpresa de los concurrentes fue mayúscula cuando, en el inicio del acto, se les informó de que no se podría realizar ninguna pregunta y comprobaron que, para evitar tentaciones en este sentido, a todos los asistentes se les había cerrado sus micrófonos para que no pudiera hacer uso de la palabra. Sin duda con el ánimo de tranquilizar a los presentes anunciando que, al final de la presentación, se podrían plantear dudas a través del chat, si bien no se les iba a contestar al momento sino que se les respondería por escrito más adelante.
Seguidamente, la interviniente se limitó a leer ante la cámara un texto procedente de Conselleria, hecho este que provocó la indignación de los asistentes, decenas de los cuales abandonaron la reunión, expresando muchos de ellos que se sentían menospreciados e insultados por este trato por parte de las autoridades políticas de Conselleria.
A lo largo de los 50 minutos de lectura fueron muchos los presentes que rogaron que se les activasen los micrófonos porque tenían importantes dudas que plantear, solicitudes que no fueron atendidas en ningún momento.
Por último, para los que tuvieron la paciencia de esperar hasta el final de la lectura del texto con el objeto de, al menos, plantear sus preguntas a través del chat, no tanto con la esperanza de que fueran contestadas como para que quedase pública constancia de la existencia de estas dudas; aún les quedaba otra desagradable sorpresa. La asesora lingüística, tan pronto como finalizó la lectura del escrito, abandonó la reunión inmediatamente para evitar cualquier intento de comunicación que derivase en que alguien pudiera exponer la más mínima de las dudas.
Los asistentes que aún no habían abandonado la reunión se mostraron enormemente indignados y burlados.
No se trata de la primera vez en que las autoridades políticas de Conselleria utilizan una “ley del silencio” con respecto a su voluntad de eliminar el castellano del sistema educativo, vulnerando de esta forma los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Recordemos como el pasado curso el Conseller de Educación, Vicent Marzà y el Secretario Autonómico, Miguel Soler, impidieron el acceso de la prensa a la reunión en Orihuela con los directores de centros en la que se les anunció que se iba a tolerar una “aplicación suave” de la ley de imposición del valenciano, dejando claro que las autoridades políticas de Conselleria no tenían ningún interés en que quedase constancia grabada de sus sorprendentes palabras a los equipos directivos de la comarca de la Vega Baja.
Desde entonces, pese a las reiteradas peticiones que las familias, los docentes y equipos directivos y el cuerpo de inspectores han hecho de una articulación de la ley e instrucciones por escrito, la dirección política de Conselleria ha dado siempre la callada por respuesta, alentando a las direcciones de los centros a que no cumplan la misma legislación promulgada por Conselleria.
En los últimos meses, Conselleria, consciente de la situación dramática a la que se enfrentaban los centros, empleados en cuerpo y alma a la lucha contra la pandemia y la situación de aletargamiento en que se encontraban las asociaciones de padres y madres, ha aprovechado la coyuntura para adelantar sigilosamente sus planes para imponer las enseñanzas en valenciano y suprimir los derechos de los ciudadanos de la Comunidad.
La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística hace un público llamamiento a nuestros compañeros y a las familias afectadas, que son todas y a la opinión pública para que tomen conciencia de esta agresión continuada a los derechos de nuestros hijos y a la calidad de su educación.
Descubre más desde Objetivo Torrevieja
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Es una vergüenza, querer privar ha los niños de la lengua castellana, que futuro les espera, con el valenciano, que no se habla ni se escribe, fuera de la comunidad,
Los padres tienen el derecho de elegir la educación, de sus hijos, no estos pedantes
Soy murciano y profesor de inglés de secundaria en esta comunidad Valenciana, y me siento maltratado por estos dictadores que van de izquierdas. Murcia trata mucho mejor a los valencianos. It’s a shame.