El Partido Popular llevó a Pleno del 31 de julio la aprobación de dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que suman más de cuatro millones de euros y que se vio obligado a aprobar en solitario.
Ambos expedientes, en palabras del concejal socialista David Villanueva, “se han gestionado de manera irregular” y cuentan con reparos del órgano de Intervención General e informes en contra de la Secretaría General del Pleno por haberse tramitado bien sin existir crédito presupuestario que sustentase la realización del gasto o bien habiendo omitido los requisitos legales esenciales, como la contratación.
En relación con lo anterior, Soler reprochó al equipo de gobierno que la mayoría de estas deudas traen causa de necesidades totalmente previsibles y recurrentes, por lo que pidió que se tramitase la correspondiente contratación para evitar acudir a estos reconocimientos extrajudiciales de crédito con los que el Partido Popular trabaja de forma cada vez más habitual y que deberían constituir algo excepcional. En 2022 se aprobaron unos 20 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales.
Especial relevancia adquiere la deuda por la continuidad de los servicios legales prestados sin contrato por una empresa al mismo tiempo que se cubría la plaza de Dirección Jurídica del Ayuntamiento con idéntico fin, algo que la Secretaría General del Pleno considera “incompatible” y “un doble pago” lo que podría dar lugar a responsabilidades.
Otros puntos del orden del día
En el Pleno de 31 de julio también se dio cuenta de cientos de Decretos de Alcaldía y de órganos unipersonales así como de acuerdos de la Junta de Gobierno Local. En este sentido, la portavoz socialista puso en conocimiento del Pleno que en uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno se habían delegado a los concejales una serie de competencias que la ley no permite delegar y cuya consecuencia jurídica es la nulidad de todos los actos que se dicten en virtud de dicha delegación, lo que supone un perjuicio enorme para los ciudadanos y para el correcto funcionamiento de la administración local, hecho que calificó como “grave” máxime con la experiencia que se le presupone al equipo de gobierno.
Es igualmente destacable el informe de Intervención sobre el Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Torrevieja que, en palabras de Villanueva, pone el foco sobre el control en los gastos de personal, la contratación y las subvenciones.
Asimismo, la concejal Carolina Ponce se refirió al contenido de los informes de Sindicatura de Cuentas. En uno de ellos se ponen de manifiesto “riesgos de control básico de ciberseguridad” del Ayuntamiento de Torrevieja. En el otro, relativo a la fiscalización de la contratación y subvenciones y ayudas COVID, Ponce destacó la devolución de ayudas y subvenciones. Una de ellas, proveniente de la Generalitat por valor de 109.518 euros y destinada a vivienda, se devolvió de forma íntegra, alegando el Ayuntamiento que fue por “dificultades técnicas y escasez de personal”.
De 16 entidades de más de 50.000 habitantes que han sido evaluadas por este órgano independiente, Torrevieja encabeza las incidencias significativas en cuanto a contratos, muy por delante de la segunda, lo que confirma las irregularidades en la gestión del Partido Popular denunciadas por el grupo municipal socialista de Torrevieja.
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