La concejal socialista Carol Ponce presentó hace unos meses una moción plenaria para instar a la Generalitat a que firmase cuanto antes un Contrato-Programa que llega finalmente con 7 meses de retraso y con importantes recortes.
Concejalía de Bienestar Social
Este documento supone el convenio entre la Consellería y el Ayuntamiento por el que se establece qué tipo de servicios sociales van a prestarse a los ciudadanos, con qué número de profesionales y qué presupuesto va a poner cada una de las partes. En general, entre el 92% y el 100% del gasto, corren a cargo de la Conselleria.
En palabras de la edil, “en nuestra moción solicitamos al Ayuntamiento que no aceptase ningún recorte ni en financiación ni en servicios por parte de la Generalitat, pero votaron en contra de nuestra propuesta. Ahora sabemos el porqué”.
La socialista ha manifestado que el Ayuntamiento era ya conocedor de que el nuevo Contrato-Programa suponía un importante retroceso: “Este nuevo contrato supone respecto al anterior una pérdida de 300.000€ anuales, lo que se traduce en más de €1.200.000 en total, en un contexto en el que las necesidades sociales, lejos de haber disminuido, han aumentado”.
¿Dónde se ha perdido ese dinero?
Por un lado, se ha aumentado la financiación para los profesionales (equipo de atención primaria y el Equipo específico de intervención con infancia y adolescencia, “EEIIA”) —unos 190.000 € más— debido al incremento de salario y a la incorporación de dos profesionales más.
Pero, por otro lado, se ha eliminado o recortado drásticamente la financiación de un servicio y de un programa esencial. “Existe una razón y es que aunque nos proporcionaron la financiación para los mismos en los años anteriores, el Ayuntamiento no los puso en marcha, así que ahora nos penalizan” afirma Ponce.
El servicio cuya financiación se ha recortado de forma tajante es el SASEM: Atención a la Salud Mental. “El SASEM, ignorado todos estos años, es el Servicio de Atención y Seguimiento para personas con enfermedad mental grave y sus familias, recibió durante tres años 279.000 € anuales y no se ejecutó. Devolvimos el dinero. ¿Consecuencia? Este año, solo recibimos 84.000 €” ha asegurado Ponce.
Y el programa desaparecido en el contrato es el de Itinerarios de Inserción Social, cuyo objetivo es facilitar el acceso al empleo a personas que reciben prestaciones o rentas mínimas. Y al mismo tiempo que promueve la inserción laboral, combate el fraude que algunas personas pudieran cometer.
La concejal socialista ha expuesto que durante 3 años, con el anterior contrato, Torrevieja recibió 303.000€ para llevar a cabo este programa. “No se ejecutó. ¿Consecuencia? 0 euros en 2025. Servicio eliminado”.
Al resto de servicios se les mantiene el mismo presupuesto, cuando a juicio de Ponce debería haber aumentado al ritmo que ha aumentado la población y, en consecuencia, sus necesidades.
“Por ejemplo”, aduce la socialista, “el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes sigue con 150.000 € anuales, sin aumento alguno, pero si se lee el contrato con detalle, se han recortado más de 700 horas de atención. Por su parte, el programa Menjar a casa mantiene el mismo presupuesto que en el contrato anterior. Ni un euro más”.
Y en cuanto a las Unidades de igualdad, la edil asegura que hay que hablar de avances y retrocesos: “Como el año pasado por fin, se incorporó la primera profesional de esta unidad, y por ratio nos corresponden más, pues nos financian dos profesionales más. Y retroceso porque todas las funciones que pudiesen guardar relación con la violencia de género han desaparecido, incluso el título “Violencia de Género” ha sido sustituido por “promoción de la igualdad entre hombres y mujeres”, para sorpresa de nadie”.
En definitiva, este contrato programa supone:
– 1,2 millones de euros menos.
– Servicios que por no haber sido prestados ahora han sido eliminados o han resultado infrafinanciados.
– Recortes encubiertos en atención a la dependencia.
– Retrocesos simbólicos en igualdad.
“Por si fuera poco” ha comentado, “en este último pleno dimos cuenta de un decreto de minoración y requerimiento de devolución de prácticamente la mitad del importe que nos habían subvencionado para el EEIIA en 2024. Devolvemos 74.000 euros más intereses”.
La intervención de Ponce fue contestada en pleno por el alcalde del municipio, que le reprochó que disponía de mucha información y que debía haber ido a hablar con el concejal del área para cualquier duda en vez de comentar estos temas en sesión plenaria, asegurando que lo ponía a su disposición. “Yo no poseo más información que nadie, todos los datos salen del Contrato-Programa que parece ser que no ha leído el alcalde porque no debe interesarle demasiado”. La socialista ha aprovechado la ocasión para echarle en cara que siempre la manda a resolver sus dudas con el concejal pero jamás permite al mismo contestarle en sesión plenaria, asumiendo él el turno de palabra, “no he planteado ninguna duda, lo que expongo son hechos que parece ser que para algunos han pasado desapercibidos. Si ellos tienen alguna duda, que vengan a hablar conmigo” ha espetado.
La concejal ha concluido expresando su deseo de que el concejal delegado del área haya solicitado ya una Adenda para subsanar estas deficiencias para el próximo año “y para este esperemos que el recorte repercuta lo mínimo posible en la población”.
Carol Ponce ha presionado al equipo de gobierno desde el inicio del mandato con el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana y ha denunciado en numerosas ocasiones la situación en la que se encuentran los profesionales que prestan los servicios, totalmente desbordados ante la falta de medios materiales y personales.
El PP únicamente muestra interés en este área tras la insistencia del grupo municipal socialista.
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