El decreto que ordena su cierre da la razón a los socialistas, que llevaron el caso a la Fiscalía Anticorrupción y de Medio Ambiente
(Nota de prensa del día 6 de Marzo de 2012)
Ángel Sáez - PSOE
El decreto de 29-2-2012 que ordena el cierre de la planta de transferencia de basura de Torrevieja, notificado a la mercantil encargada de su recogida el pasado 1 de marzo confirma todo aquello que el PSOE ha denunciado, que estaba funcionando ilegalmente desde hace siete años con el consentimiento del PP. “No puede ser que el PP consienta una ilegalidad durante años y ahora que la reconoce nadie asuma responsabilidades políticas”, ha declarado el portavoz socialista Ángel Sáez. “Por eso, exigimos que el alcalde conocedor de esta ilegalidad y reponsable en su consentimiento como miembro del Gobierno local anterior, destituya al concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, de sus delegaciones y le inste a que entregue el acta de concejal”, añadió. “No caben excusas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas porque el Ayuntamiento no puede tolerar, consentir y amparar actividades ilícitas y someter a los ciudadanos torrevejenses al descrédito y la mofa al que nos veremos abocados”, dijo Sáez.
Torrevieja ha tenido en funcionamiento un “vertedero” desde 2005 sin licencia municipal ni autorización de la Generalitat, que tampoco ha actuado en ejecución de sus competencias inspectoras. Además, el exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico está imputado por la adjudicación del contrato de recogida de residuos urbanos.
“Las responsabilidades penales las decidirá un juez, pero las políticas son competencia de quienes desde el partido del Gobierno torrevejense han amparado actuaciones de tal calado”, señaló el portavoz del Grupo Municipal Socialista, tras recordar que su grupo llevó la situación del vertedero a la Fiscalía Anticorrupción y de Medio Ambiente el pasado 12 de diciembre por un presunto delito de prevaricación, que el Fiscal Jefe remitió a la de Torrevieja para que iniciara las pertinente actuaciones.
“Nos tememos que el decreto de cierre de la planta esté relacionado con el inicio de las investigaciones por parte del fiscal, lo que no haría más que agravar las cosas”. “Si fuera así, todavía quedaría en peor lugar el Gobierno de Eduardo Dolón, que no habría actuado hasta que se ha visto obligado a hacerlo tras nuestra denuncia”, ha concluido Sáez. Ángel Sáez 625659562
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