Juan Chaparia de Chapapría, Navarro y Asociados
La firma Chapapría, Navarro y Asociados, en representación de Sociedad Civil Catalana, ha participado esta mañana en la vista pública celebrada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que se ha analizado el alcance de las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal de Cuentas, a petición del despacho en relación con la responsabilidad contable por delitos de malversación en el contexto del procés.
La sesión ha transcurrido con solidez argumental y con muy buenas impresiones por parte de la representación legal de Sociedad Civil Catalana. Juan Chapapría, abogado del despacho interviniente, ha calificado la vista como “muy positiva” y ha destacado la coincidencia de planteamientos con el abogado de la Comisión Europea, cuyas intervenciones han reforzado los fundamentos jurídicos defendidos por la firma.
“Todas aquellas cuestiones planteadas acerca de la malversación por Sociedad Civil Catalana han quedado plenamente reforzadas por el informe jurídico presentado por el abogado de la Comisión”, ha afirmado Chapapría, quien también ha señalado que “pensamos que la malversación será una cuestión acreditada por el futuro informe general”.
El abogado ha subrayado también que “queda claro que estamos ante una autoamnistía, no una norma en beneficio del conjunto de la sociedad española, sino una medida que ha abierto una crisis institucional, política y jurídica, posiblemente la mayor en tiempos de democracia”.
La jornada ha estado marcada por el respaldo del letrado de la Comisión Europea a la tesis de que la Ley de Amnistía impulsada por el actual Gobierno español podría ser contraria al Derecho de la Unión Europea. Según las observaciones realizadas en sala, la norma carece de una justificación legítima de interés general y podría vulnerar el estado de derecho, la seguridad jurídica y la protección del erario público.
Desde el despacho Chapapría?Navarro y Asociados, se valora como un paso firme el desarrollo de esta
vista, que refuerza la acción jurídica emprendida para que la malversación no quede impune bajo el paraguas de una norma discriminatoria y arbitraria, discutida a nivel nacional e internacional.
La emisión del informe del Abogado General del TJUE está prevista para finales de agosto o septiembre, y la sentencia definitiva podría conocerse antes de que finalice el año, entre noviembre y diciembre.
Para más información, puede contactar con el departamento de comunicación de Chapapría?Navarro y Asociados.
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