Francisco Reyes (Publicado en “La Verdad” el 23.1.2015)
En el encuentro mantenido el pasado jueves por el president de la Generalitat, Alberto Fabra con alcaldes y concejales en el CdT de Torrevieja, muchas de las miradas estuvieron puestas en los representantes del PP de Orihuela, encabezados por su presidente en funciones Dámaso Aparicio, que llegó con Antonio Rodríguez Barberá y Mariola Rocamora. Cuando Fabra finalizó su discurso fueron a su encuentro y mantuvieron una breve conversación en la que recibieron los mismos mensajes que Fabra repitió después a los medios, «no hay cabida en el Partido Popular para los políticos que estén inmersos en un proceso judicial por corrupción». De esta forma el presidente del PPCV, reiteró su apoyo a los cambios que se han producido en el PP oriolano y volvió a significar las premisas que predica de «ejemplaridad y buena gestión», insistiendo en que «no habrá imputados por corrupción en las listas populares y quien está en esa situación tiene que dejar el PP». Otra cosa, explicó Fabra, son los políticos que estén imputados por cuestiones ligadas con el desarrollo de su actividad de gobierno, o estén en situaciones de querellas o denuncias por cuestiones administrativas. Ahí la llamada línea roja no será tan tajante. En el mismo sentido, ayer mismo, Dámaso Aparicio reflejó también en su perfil de ‘Facebook’ el encuentro con el presidente regional del PP y afirmó que sintoniza con las palabras de Fabra en su petición de ejemplaridad en la gestión política, por eso afirmó que en este sentido se trabajará en el PP de Orihuela.
También salió a colación la cuestión de la presentación de mociones impulsadas por el PP de la Vega Baja en los diversos ayuntamientos de la comarca pidiendo la exclusión de alcaldes y concejales imputados. En concreto salió a relucir la contestación ofrecida hace unos días por el primer teniente de alcalde de Torrevieja, Joaquín Albaladejo, en la que señaló que «en el Aayuntamiento no estamos en esas situaciones y por tanto no es algo prioritario». Sobre este aspecto, el alcalde salinero, Eduardo Dolón, avaló la respuesta de su portavoz y dijo que «Torrevieja respetará escrupulosamente la línea roja» y que en el caso de que la citada moción se presente en el Consistorio será tratada en Junta de Portavoces. Dolón señaló que en el PP torrevejense «se estudiarán todos los casos», entre ellos la imputaciones de los ediles Gil Rebollo y Javier Montoro, por el caso de los teléfonos móviles, o de Francisco Moreno, por la planta de transferencia de basura.
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