La Juez Juana López, colabora con las Fuerzas de Orden Público, intentando aclarar algunas cuestiones legales de interés en sus actuaciones
F. Reyes
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La juez decana del Partido Judicial de Torrevieja, Juana López Hoyos, prestó ayer su colaboración a la Policía Local en la celebración de una charla coloquio acerca de distintas cuestiones legales de gran interés, como la ocupación ilegal de viviendas, así como las faltas y delitos contra la propiedad intelectual, la tan actual venta de productos falsificados, entre otras cuestiones. López Hoyos, acompañada por el concejal de Policía, José Eduardo Gil Rebollo y el Intendente Principal de la Policía Local, Vicente Gutiérrez, contestó las preguntas que le fueron formuladas por un auditorio al que acudieron casi un centenar de personas, entre mandos y agentes de la Policía Local de distintas poblaciones de la provincia, así como distintos mandos de la Guardia Civil y algunos administradores de fincas. En la charla, que se celebró en el salón de actos del Cdt, una de las principales cuestiones que abordó la magistrada fue la ocupación ilegal de viviendas, sobre lo que dijo que “existe una escasa legislación, ante un fenómeno que ha proliferado bastante en los últimos tiempos sobre todo desde los movimientos de gente joven que quiere patalear contra la política, especialmente a raiz de la actual situación de crisis”. Muchas fueron las cuestiones que le fueron planteadas a la juez, quien señaló que “la legislación se reduce a dos cuestiones tipificadas como delito, como es el allanamiento de morada o la usurpación de vivienda”. López Hoyos indicó que sobre estas situaciones “actualmente se producen un mayor número de condenas por resistencia a las fuerzas del orden, más que por otra cosa”. También señaló que falta una mayor jurisprudencia consolidada al respecto para actuar con determinación en estos asuntos y dijo que “es necesario aclarar al ámbito que pertenecen estos supuestos, si bien al penal o al civil”.
Otra de las cuestiones que fueron tratadas en esta charla que despertó un gran interés, fueron las relativas a la venta ambulante de productos ilegales, que está siendo en la actualidad uno de los caballos de batalla de todos los municipios costeros. En este asunto fue el propio concejal de Policía, Gil Rebollo, quien puso sobre la mesa que muchas de las incautaciones han pasado a ser una falta, en vez de considerarse un delito. En este tema de la venta ilegal, la magistrada aclaró que en una incautación se considera falta hasta reunir un valor de 400 euros. López Hoyos se mostró partidaria de realizar una valoración con las reglas autorizadas, para muchos de estos efectos como gafas, bolsos, ropa y otros. Todo ello con el fin de conocer si traspasa la frontera legal del delito. La juez también dijo estar a favor de la utilización de las prendas de ropa incautadas por ong´s humanitarias, “pero haciendo desaparecer los logos, que sería como hacer desaparecer el motivo por el que es delito”.
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