Objetivo Torrevieja

IU Torrevieja llevará el asunto ante la Fiscalía para pedir que se investiguen posibles responsabilidades penales y la restitución del detrimento económico causado a las arcas públicas.

Víctore Ferrández, coordinador general de UU – Torrevieja

En la mañana de hoy, viernes 28 de noviembre de 2014, ha tenido lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Torrevieja. Un Pleno en el que el Partido Popular se ha visto obligado a acatar la sentencia nº 422/14 del Juzgado de lo contencioso nº 1 de Elche (Procedimiento Ordinario número 813/2007), por el que se estima íntegramente la denuncia presentada por IU Torrevieja, por medio de sus dos representantes públicos en 2007, José Manuel García Mañogil y José Manuel Martínez Andreu, al declarar nulo por no ajustarse a derecho el punto sexto del acuerdo del Pleno, de fecha 24-09-2007, por la que se aprobó la solicitud de compatibilidad del concejal D. Joaquín Albadalejo Martínez. Esta solicitud de Albadalejo tenía por finalidad compatibilizar un sueldo por dedicación exclusiva con sus trabajos privados como abogado, agente de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas del concejal de Hacienda y Patrimonio.
El objeto de la demanda, lo que la demanda pedía era declarar nulo el acuerdo plenario como al final ha ocurrido y por tanto, al ser un juicio contencioso-administrativo, la jueza no puede ir más allá de lo que la demanda pide y no puede dictaminar sobre los efectos posteriores a la declaración de compatibilidad. Esto es porque la propia demanda fue presentada en 2007 poco después de la aprobación plenaria de la compatibilidad, momento en el que las cantidades cobradas de forma indebida por Joaquín Albadalejo aún no se habían producido (algo ocurrido entre 2007 y 2011). Para Víctor Ferrández Esteve, coodinador local de IU Torrevieja, “el alcalde miente cuando afirma que en la sentencia pone que no tienen que devolver el dinero de la dedicación exclusiva de Joaquín Albadalejo”, y ha añadido, “la jueza responde a lo que se le pregunta, es decir, si la compatibilidad es legal o no, ahora que sabemos que es ilegal toca exigir que se devuelvan las cantidades porque ese dinero nunca debió pagarse”.
La jueza declara nulo el acuerdo plenario porque considera que es de conocimiento común que no se pueden ejercer tres actividades profesionales que absorven cada una de ellas un tiempo importante, y que puedan dejar un tiempo mínimo de dedicación al servicio público, menos aún cuando el concejal tenga asignada una dedicación exclusiva. Pero no es el único argumento que esgrime la jueza, ya que para ésta el señor Albadalejo “podía conocer de primera mano la planificación urbanística de ese municipio así como los proyectos de futuro en ese ámbito”, algo incompatible con una actividad privada como la de administrador de fincas. Para la jueza, este hecho “debería haber incidido de forma decisiva para que se denegara la petición de ese concejal” ya que según la normativa puede “comprometer su imparcialidad o independencia”. Para Víctor Ferrádez, “hemos tenido cuatro años a un concejal de hacienda y patrimonio que ha manejado información priviliegiada para el ejercicio de su profesión como adminitrador de fincas, esto en cualquier país democrático hubiera supuesto dimisiones”.
Por todo ello, IU Torrevieja ha advertido que presentará un escrito ante alcaldía para que sea el propio equipo de gobierno el que de las ordenes pertinentes para la apertura de una investigación jurídica, que determine las posibles responsabilidades políticas y penales de los concejales que pudieron tomar la decisión de aprobar la compatibilidad a sabiendas de que cometían una ilegalidad, todo ello,previo a emprender nuevas acciones penales, y demás, en el mismo escrito IU exigirá a Eduardo Dolón que tome las medidas pertinentes para reestablecer el perjuicio sufrido por las arcas municipales como consecuencia de la ilegal dedicación exclusiva de Joaquin Albadalejo, de lo contrario, la formación de izquierdas presentará el correspondiente escrito ante la Fiscalía anticorrupción para que sea esta la que inicie de oficio las investigaciones pertinentes.

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