Además la moción insta al gobierno central a impulsar la creación de una banca pública paralizando la venta de Bankia.
Victor Ferrández, portavoz de IU (J. Carrión)
El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida EU, Víctor Ferrández, registró en el pasado miércoles una moción para que la Corporación Municipal exprese su rechazo a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
La sentencia, que responde a un pleito que mantenía con la Comunidad de Madrid la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, cuyo ayuntamiento está gobernado por Izquierda Unida, establecía que son los bancos, y no sus clientes, quienes tienen que pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca. Pero, solo 24 horas después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tomó la decisión de convocar un Pleno de esta Sala para dejar sin efecto la sentencia.
Esta Moción señala que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional, que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria y que los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo.
El texto también demanda que el Ayuntamiento habilite los mecanismos necesarios para orientar a las vecinas y vecinos de Torrevieja en caso de que quieran exigir las devoluciones de las cantidades indebidamente cobradas. Y que se inste al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública, paralizando la venta de Bankia, y dirigir la gestión de los ahorros depositados en esta banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.
El portavoz de la formación de izquierdas a declarado que “es un despropósito que desde las más altas instancias judiciales se alegue para justificar esta decisión una supuesta ‘enorme repercusión económica’, mientras obvian que este mismo fallo es claramente beneficioso para la mayoría de personas de este país, que deben recurrir al crédito hipotecario para acceder a una vivienda”.
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