Objetivo Torrevieja

(Nota de prensa, IU 6.09.20109)

Desde que comenzó esta crisis financiera, que inmediatamente después se extendió a la economía real y productiva causando unas terribles consecuencias millones de hombres y mujeres, especialmente entre las clases populares, IU trabaja para desenmascarar a los que la han provocado, los especuladores, banqueros y rentistas y los responsables de instituciones y gobiernos que los apoyaron con las políticas neoliberales. Esta crisis del sistema financiero está provocando en la sociedad española una situación de emergencia social, con más de 4.500.000 de parados y paradas y miles de pequeñas y medianas empresas cerradas. Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no sólo no han puesto coto al descontrol del poder financiero, sino que se han alineado con ellos, los causantes de la crisis económica. Los trabajadores y trabajadoras están explotados en el trabajo, expropiados por los Bancos y por el Gobierno.

El Gobierno del PSOE ha tomado desde que comenzó el año 2010 medidas antisociales:

1. Restrictivos Presupuestos Generales del Estado de 2010.

2. Plan de Austeridad de 29 de enero en el que se aprueba un recorte de 50.000

millones de euros.

3. Propuesta de alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años.

4. Subida del IVA.

5. Plan de Ajuste de 12 de mayo que supone un recorte del gasto de 15.000

millones de euros adicionales, afectando a los pensionistas, a las mujeres, a los

dependientes y a los funcionarios y funcionarias.

6. Ha aprobado por decreto-ley la reforma del mercado de trabajo que supone: el

despido más fácil, más rápido y más barato, perpetúa la contratación temporal

como vía de entrada al mercado de trabajo, da mayor poder a los empresarios,

cuestiona la negociación colectiva facilita la modificación sustancial de las

condiciones de los contratos de trabajo, incluidas las pactadas en los convenios

colectivos, disminuyendo el control judicial.

Facilita en la empresa el descuelgue salarial previsto en los convenios colectivos. Legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, a las que no sólo se da acceso para la realización de funciones de intermediación laboral sino que también se les otorga competencias que van a afectar a las prestaciones por desempleo de los

trabajadores y trabajadoras. Se va permitir sacar dinero de los desempleados y

desempleadas. Se amplia el ámbito de actuación de las empresas de trabajo

temporal dejando al mínimo las limitaciones por razones de seguridad y salud,

y se deja en papel mojado la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y

hombres, ya que las medidas de Igualdad son pura retórica.

En los últimos 18 años, con Gobiernos del PSOE y del PP, se han llevado a cabo

8 reformas del mercado de trabajo, incluyendo la actual. Una reforma cada 2 años y 3

meses no es un buen indicador de la estabilidad de algo tan fundamental, más bien

parece que estamos metidos dentro de un proceso de improvisación continua. De

hecho, es a todas luces un periodo ridículo, en el que no parece que sea factible la

puesta en marcha de las medidas propuestas y mucho menos la maduración de las

mismas y la evaluación de su efectividad. Esa sensación de provisionalidad permanente

es aplicable a la normativa básica, el Estatuto de los Trabajadores, que ha sufrido 4

reformas, lo cual parece excesivo. Además, solo 2 de esas 8 reformas han sido

pactadas o consensuadas, otras 5 son decisiones unilaterales del gobierno de turno.

Todas las reformas han consolidado la temporalidad, la precariedad y los recortes de

los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y han aumentado el poder los

empresarios.

El causante de la crisis económica no ha sido ni es el mercado de trabajo, no es

la baja productividad de los trabajadores ni los desmesurados salarios que perciben.

Todas estas medidas aprobadas por el Gobierno del PSOE son innecesarias, injustas y

antisociales.

Estas medias están enmarcadas dentro de una política económica vinculada al

Tratado de Lisboa, a las políticas neoliberales que nos han traído esta crisis, políticas que son compartidas por el PP y practicadas en las Comunidades Autónomas donde

gobiernan: más Mercado menos Estado y corrupción frente a transparencia y calidad

democrática. El Partido Popular no es alternativa a las políticas aprobadas por el PSOE,

es más de lo mismo: seguir desmantelando el Estado del Bienestar.

Estas medidas que desmontan el Estado Social y Democrático y de Derecho y

que se alinean claramente con la patronal, los banqueros, los especuladores y los

rentistas, han obligado a los sindicatos de clase, CC.OO y UGT a convocar una Huelga

General para el 29 de septiembre de 2010 bajo el lema ASI, NO. Huelga General que se

realiza en el marco de una movilización europea contra las medidas de ajuste. La

Huelga General convocada para el 29 de septiembre que tiene como objetivos:

1. La reconducción del plan de ajuste, restableciendo los derechos de los pensionistas, los empleados públicos y el mantenimiento de la inversión pública.

2. La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo.

3. La negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de devaluarla y de individualizar las relaciones laborales.

4. El mantenimiento del sistema público de pensiones como eje central de protección social, y su adecuación a la evolución social, a través del acuerdo político y social.

IU comparte estos objetivos y considera necesaria la convocatoria de la Huelga

General, es por ello que elevamos al Pleno del Ayuntamiento, una de las

administraciones que conforman el Estado Social Democrático y de derechos la

adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1. El Pleno del ayuntamiento apoya la convocatoria de la Huelga General para el 29 de septiembre y hace un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras a secundarla.

2. El Pleno del Ayuntamiento exige al Gobierno Central y al Congreso de los Diputados la retirada de las medidas de ajuste aprobadas y a retirar la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, por considerarlas injustas, innecesarias y antisociales.

4. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a mantener la edad de jubilación en los 65 años.

5. El Pleno del Ayuntamiento insta al Presidente del Gobierno al mantenimiento del sistema público de pensiones como eje de la protección social.

6. El Pleno del Ayuntamiento insta al Presidente del Gobierno a realizar una reforma fiscal progresiva, a realizar un plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

7. Dar traslado de los acuerdos a los secretarios locales y provinciales y generales de los sindicatos CC.OO y UGT, al Presidente del Gobierno y a la Mesa del Congreso de los Diputados.