Objetivo Torrevieja

El letrado torrevejense, de Sociedad Civil Catalana, Juan Chaparía  se ha querellado contra la vicepresidenta por su reunión con Puigdemont y denuncia la “total impunidad actual” del independentismo catalán.

Juan Chapapría

Sergi Tarazona Edición Valencia

Juan Chapapría, abogado propietario del bufete Chapapría-Navarro & Asociados y asesor legal de Sociedad Civil Catalana (SCC), ente organizador de la manifestación contra la amnistía del pasado 8 de octubre en Barcelona, habla sobre la denuncia interpuesta por SCC contra Yolanda Díaz por su reunión con Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, la amnistía y la amenaza del expresident de la Generalitat de volver a repetir el referéndum para que haya Gobierno.

– ¿Cuáles fueron los motivos, siendo usted de Torrevieja, Alicante, que le llevaron a unirse a Sociedad Civil Catalana?

– Me alegra que me haga esta pregunta, pues me permite poder contextualizar y ayudar a entender la envergadura que en la actualidad supone el proyecto jurídico del Bufete.

Inicialmente, el principal motivo fue estrictamente jurídico, si bien es cierto que el Bufete tiene su sede principal en la ciudad de Torrevieja, asesoramos legalmente a particulares y empresas en todo el ámbito nacional y por ello, desde Sociedad Civil Catalana contactaron con nosotros, por la defensa que estábamos haciendo en la Comunidad Valenciana, de la libertad de los padres para elegir la lengua en la que quieren que sean educados sus hijos y, donde presentamos más de un millar de recursos ante la administración.

– ¿Cuál es su función dentro de SCC?

– La labor del Bufete, y la mía personalmente en SCC, es de asesoramiento legal y de encabezar la dirección jurídica de las distintas causas administrativas y judiciales en las que SCC está personada.

Por ponerle un par de ejemplos, el Bufete lidera la acusación en representación de SCC frente a los líderes independentistas que convocaron de manera ilegal el referéndum del 1-O, que se está juzgando ante el Tribunal de Cuentas y donde el próximo 17 de noviembre celebraremos la vista.

También estamos personados en el Tribunal Supremo, donde presentamos la denuncia contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por su visita a Carles Puigdemont en Bruselas.

– Ustedes, en SCC, están en contra del secesionismo y rupturismo en un territorio donde el nacionalismo catalán está muy arraigado en una parte de la población e incluso hay una ala de independentismo más radical que atenta contra todo aquello que ‘huela’ a España. ¿Cómo es ser de SCC en Cataluña?

– En Cataluña ser de SCC es una forma de mostrar valentía, es una demostración cotidiana de libertad y de defensa sin complejos por todo aquello que nos une a todos los españoles.

El independentismo, durante décadas, ha sabido ir copando todos los espacios sociales, educativos, políticos y asociativos a fin de tener controlada a la sociedad catalana, pero este pasado 8 de octubre, tal y como pasara en la manifestación de octubre de 2017, ha quedado demostrado que existe una mayoría silenciosa que se identifica más por la convivencia y respeto a las instituciones del estado que por la confrontación.

Me permito en esta cuestión dar la enhorabuena a Elda Mata, presidenta de SCC y, a Alex Ramos, vicepresidente de SCC, por el trabajo que realizan cada día y por estar en primera línea defendiendo a miles de catalanes y millones de españoles.

Para mí ambos son un ejemplo y, gracias a su confianza y a la de toda la junta directiva, tenemos el privilegio y el honor de representar las convicciones de millones de españoles de todos los lugares y rincones del país.

– ¿Piensa que el Gobierno Central actuó de la forma más correcta el 1 de octubre de 2017?

– Pienso que España y nuestro sistema democrático, constitucional y estado de derecho, en 2017, tenían los mecanismos legales para defender nuestras instituciones y la igualdad de todos los españoles frente a aquellos que de forma unilateral buscaban la ruptura de nuestro estado y nuestra forma de convivencia desde 1978.

Nuestra democracia, una democracia consolidada, y sus instituciones supieron responder a ese desafío. Me permito destacar el impecable papel de nuestro Jefe del Estado, Felipe VI, quien llamó a todos los demócratas a permanecer dentro de nuestro orden constitucional.

Hoy, más que nunca, la institución de la monarquía y el papel del Rey, deben ser punto de encuentro para todos los españoles, para todos los demócratas, frente a los que buscan quebrar de forma ilegal nuestro sistema de convivencia.

Ahora, tan solo seis años después, nuestro sistema constitucional y nuestro estado de derecho se han visto debilitados y no podría responder de la misma manera, garantizando la igualdad de todos los españoles. Esto es así, debido a que se modificó el código penal para eliminar la sedición y rebajar las penas por delitos de malversación.

– ¿Qué solución real cree que puede haber, en estos momentos, tal como está la situación, para el conflicto catalán?

– La única solución pasa por la convivencia, tolerancia y el imperio de la ley. Los mecanismos del estado funcionaron en 2017, se produjo la sentencia del Tribunal Supremo que condenó penalmente a los líderes del procés e instaba a otras jurisdicciones, como por ejemplo la contable, para qué se depurarán todas las responsabilidades.

El independentismo, aquellos que buscan el menoscabo de nuestras instituciones y la ruptura de nuestro país, están, tal y como se ha visto en las pasadas elecciones, en uno de los momentos más débiles por su confrontación interna y la pérdida de apoyos en la sociedad catalana.

La constitución y el respeto a nuestro marco jurídico, es lo único que nos hace iguales. Fuera de eso no hay nada.

– ¿Qué opina sobre las últimas declaraciones de Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, en las que viene a insinuar que para que haya Gobierno tiene que garantizarse otro referéndum de autodeterminación?

-Esas declaraciones las hace quien sabe, como he dicho con anterioridad, qué fruto de las modificaciones legales que se han ido produciendo, sobre todo, en la jurisdicción penal en el último año, la respuesta del estado ante futuros hechos análogos es más débil y, casi deja en una previsible impunidad a quienes pudiesen plantearse volver a repetirlos.

Por esta razón, entre otras, no cabe la posibilidad de la amnistía. Es un fraude político a todos los españoles, pues no solo no tiene encaje en nuestra constitución, sino que busca una suerte de absolución política para quien no reconoce arrepentimiento alguno por los hechos cometidos ni pide perdón.

– ¿Cree que el Tribunal Supremo admitirá a trámite su denuncia contra Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont?, si finalmente no la admitiera, ¿Cuál sería el siguiente paso de SCC?

– El Bufete encabeza la dirección legal de esta denuncia ante el Tribunal Supremo, donde con posterioridad se presentaron más denuncias con idéntico objeto.

La denuncia está admitida y SCC ha vuelto a cumplir un papel fundamental en pro de la igualdad de todos los españoles y la defensa de nuestras instituciones frente a la pasividad del propio gobierno, que es quien comete estos hechos punibles.

Se perseguirán los hechos delictivos y, se acudirá hasta las últimas instancias de la justicia, si es necesario, para que se respete la ley, le pese a quien le pese.

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