La Ley de Amnistía sigue su curso y el bufete de abogados Chapapría-Navarro & Asociados, que presentaba alegaciones al Tribunal Justicia de la Unión Europea el pasado mes de diciembre como representante legal de Sociedad Civil Catalana, prosigue incansable en la defensa de los intereses de sus representados, así como una gran mayoría de catalanes y españoles que siguen desde 17 de febrero de 2022 la trayectoria del procedimiento de la responsabilidad contable del “Procés” en el Tribunal de Cuentas.
Como parte del impacto de este procedimiento que ha copado en varias ocasiones el prime time de los noticieros de las principales cadenas del país, destacamos la presencia del torrevejense Juan Chapapría, CEO y socio-director del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, cuyas oficinas se reparten entre Valencia y nuestra propia ciudad, Torrevieja, dentro del programa de las primeras jornadas jurídicas organizadas por el medio OkDiario en las instalaciones del Hotel Don Pepe Gran Meliá en Marbella el pasado 23 y 24 de enero.
Durante estas Jornadas Jurídicas en las que se dieron cita algunos de los abogados y jueces más destacados del país para hablar de temas como la independencia del Poder Judicial, la digitalización de la justicia o el papel de los medios de comunicación en los procedimientos judiciales, destacamos el papel de Juan Chapapría en la mesa La Ley de Amnistía y el impacto del derecho europeo en la Justicia española. Chapapría compartió esta mesa, entre otros, junto al ya jubilado magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Javier Borrego, quien realizó una metáfora visual de digna comprensión sobre su opinión rigurosamente jurídica de lo que había sido la Ley de Amnistía.
Durante su intervención, Juan Chapapría reafirmó la postura que lleva defendiendo desde que la Ley de Amnistía entrase en vigor frenando el procedimiento que dirige en el Tribunal de Cuentas junto a su equipo: “Esta ley ha sido aprobada con nombres y apellidos y eso es lo que la hace injusta. Porque lo hace con nombres y apellidos no para un caso concreto y una generalidad de ciudadanos si no para aquellos que en un momento concreto ya habían sido condenados o estaban siendo procesados y eso es lo que la hace absolutamente inconstitucional. Confiemos que formar parte de esa Unión Europea sirva para algo más que para denominarnos que formamos parte de un continente común», afirmaba el letrado y socio-director mientras alega a la calma a través de la confianza absoluta en el trabajo que el equipo está realizando en el Tribunal de Justicia Europea de Bruselas.
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