Casa palacete de Los Balcones
(Nota de prensa de Los verdes, 4.10.2013)
La Defensora del Pueblo vuelve a desautorizar al Ayuntamiento de Torrevieja en la tramitación del expediente para la conservación del edificio protegido de la Casa y Torre de Los Balcones, considerando insuficientes las medidas que se han tomado para evitar que el edificio pueda derrumbarse como ya ha sucedido con una parte del mismo. La Defensora del Pueblo, en total consonancia con las denuncias presentadas por Los Verdes, hace constar que aunque el Ayuntamiento de Torrevieja ha ordenado al propietario la adopción de medidas urgentes para evitar la peligrosidad del edificio e impuesto la primera multa por ello, todavía no se ha iniciado el expediente para declarar el incumplimiento del deber de conservación.
Hace constar la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que en el año 2011 el Ayuntamiento se comprometió a que se iban a adoptar las medidas oportunas para exigir a los propietarios del inmueble el cumplimiento del deber de conservación, pudiendo comprobar ahora que no se han producido cambios sustanciales desde dicha fecha, ya que la orden de elaboración y presentación de un proyecto para obtener la licencia de intervención fechada el 2 de Febrero de 2009 no se ha cumplido.
La Defensora señala que han transcurrido más de 4 años sin que se haya cumplido lo ordenado, sin que ello tenga consecuencias negativas para el infractor y sin que se produzca ningún avance significativo en la tramitación de este asunto, aparte de aumentar el grado de peligrosidad del edificio. Además, esta institución desconoce las razones que motivan estas dilaciones.
Todas estas consideraciones destacadas por la Alta Institución del Defensor del Pueblo han venido siendo denunciadas por los Concejales del Grupo Municipal de Los Verdes desde el año 2007, poniendo una vez más en evidencia los métodos utilizados por el Partido Popular en la gestión urbanística a la carta que se viene practicando en el Ayuntamiento de Torrevieja.
Los Verdes han pedido explicaciones sobre las irregularidades puestas de manifiesto por la Defensora del Pueblo, al tiempo que estudian la posibilidad de exigir las responsabilidades que pudieran derivarse por la inactividad y el compadreo de las autoridades y funcionarios implicados en este nuevo presunto escándalo de tráfico de influencias.
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