Objetivo Torrevieja

El Gobierno Provincial insta también al Consell a resolver la Xarxa de Llibres para librar a los ayuntamientos la cantidad que les corresponda

Pleno ordinario de la Diputación

La Diputación de Alicante reclamará a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda social que mantiene con la institución y que se eleva a 70 millones de euros por los años 2014, 2015 y 2016. Así se ha aprobado esta mañana en el pleno a través de una moción presentada por el Grupo Popular en la que se solicita el abono de esta cantidad por las competencias impropias que la Diputación tiene asumidas y que corresponde a la administración autonómica.
En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Castillo, ha explicado que la Diputación de Alicante asume el coste de servicios como el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo, el servicio de teleasistencia o el Instituto de la Familia Pedro Herrero “sin la asignación de recursos necesaria por parte de la Generalitat”.
El portavoz popular ha recordado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor en 2013 aboga por el principio ‘una administración una competencia’ y porque las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada.
“Sin embargo, la Diputación de Alicante ha continuado desarrollando una serie de servicios y competencias impropias, más acordes con las competencias de la Administración autonómica”, ha indicado Castillo, quien ha apuntado que solo en el año 2016, el Gobierno Provincial ha destinado 25,4 millones de recursos propio para competencias impropias “lo que supone el 10,48% de su presupuesto”. Durante los años 2014, 2015 y 2016 el coste por estos servicios se eleva a 70 millones de euros.
Esta circunstancia, ha añadido, “se agrava con el hecho que desde el año 2014, la Generalitat solo ha subvencionado estos servicios con 1.255.000 euros en concepto del Hogar Provincial, es decir, solo ha cubierto el 1,8% del coste total de la prestación” mientras plantea la implementación de programas para desarrollar competencia propias con recursos de las diputaciones y los ayuntamientos como la Xarxa Llibres.
Precisamente, con respecto a este programa, el pleno también ha dado el visto bueno a una moción del Grupo Popular por la que insta al Consell a dictar, con carácter de urgencia, la resolución que lo dé por finalizado para poder librar las cantidades que correspondan a cada ayuntamiento de la provincia. “Desde la Diputación de Alicante no podemos transferir a los ayuntamientos 1.800.000 euros que hemos reservado para la segunda fase del Plan de Gratuidad de los Libros de Texto porque el Consell no nos informa de la cantidad que tenemos que poner y, si no nos lo dice pronto, tendremos que trasladar esa partida al presupuesto de 2017” ha explicado Castillo, quien ha recordado que esos datos deberían haber llegado en el mes de agosto.
Otros de los asuntos abordados durante la sesión plenaria han sido la aprobación de las convocatorias y bases para la concesión en 2017 de subvenciones a los ayuntamientos para, por un lado, la redacción de proyectos en materia de Ciclo Hídrico –dotada con 100.000 euros, y, por otro, para la realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras inversiones que incrementen la eficiencia del uso de agua en regadío, para la que se reserva una partida de 375.000 euros.
La corporación provincial también ha dado el visto bueno por unanimidad a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la que se rebaja a los ayuntamientos la tasa que deben asumir por la gestión por parte de Suma del impuesto de plusvalía, pasando del 4% al 2,5%, “lo que permitirá a los consistorios un ahorro anual de 400.000 euros”, según ha destacado el diputado de Hacienda, Alejandro Morant.
A propuesta del Grupo Compromís también se ha aprobado, con la única abstención de EU-Acord Ciutadà, estudiar por parte de los servicios técnicos la viabilidad de aumentar el peso que tienen las mejoras técnicas como criterio de adjudicación de los contratos de obra.
Por su parte, el grupo Socialista ha contado, asimismo, con el respaldo de toda la corporación a sus propuestas para, por un lado, instar al Gobierno Central a anular la rebaja de diez puntos en la subvención de los seguros agrícolas que se contraten a partir del 15 de noviembre de este año y que aumente o mantenga el presupuesto destinado a este fin en 2017 y, por otro, para que se impulse un estudio sobre las necesidades concretas de personal en cada área operativa del Consorcio Provincial de Bomberos. El diputado responsable de esta área, Jaume Lloret, ha reiterado que el “compromiso de la Diputación de Alicante es total y en función de la disponibilidad presupuestaria se cubrirán las plazas que se determinen necesarias”. Asimismo, ha explicado que además de las 22 plazas convocadas este verano, se incluirán otras 15 por jubilaciones. Además, ha dicho, “por primera vez se generará una bolsa de trabajo,de tal manera que lo que no se cubra con funcionarios se podría cubrir con interinos”, ha explicado Lloret.
Finalmente, el Pleno ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los guardias civiles agredidos en Alsasua y otra con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, durante la sesión, que una vez más se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de esa violencia, se ha anunciado que el Gobierno Provincial aportará una ayuda de 10.000 euros para paliar los daños causados en Haití por el huracán Matthew.

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