Pese al masivo rechazo de las familias y equipos docentes, las autoridades políticas de la Conselleria de Educación mantienen su plan previsto de imponer a los niños el valenciano como lengua vehicular vulnerando todos los criterios pedagógicos y del sentido común y convertir a los hijos de familias castellanohablantes en ciudadanos de tercera categoría. De nada han servido ni los razonamientos ni las masivas movilizaciones. Precisamente, la consciencia del nivel de repulsa que la medida tiene, ha llevado a los responsables a acelerar el proceso con la máxima discreción posible.
Ante esta situación y considerando inminente que Conselleria dé el último paso de la medida que condenará definitivamente a más del 60% de los escolares de la Comunidad, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, en colaboración con AMPAS Vega Baja, propone a los familias que presenten recursos ante al Administración en defensa de la libertad y el futuro de sus hijos.
Aunque existen también otras iniciativas en este sentido promovidas por otras organizaciones vinculadas a la defensa de las libertades lingüísticas, la Plataforma de Docentes ha querido aportar su colaboración contratando los servicios jurídicos con el Bufete de Abogados Chapapría – Navarro & Asociados , que elaborará y tramitará gratuitamente los recursos de los padres ante la Administración. Para esta gestión, la Plataforma y AMPAS Vega Baja han puesto en marcha sus medios para colaborar en facilitar a los padres su defensa ante el monstruoso atropello que sufren las familias castellanohablantes.
Los miembros de la Plataforma de Docentes asumen que este paso, siendo necesario, no será suficiente y que le tendrán que seguir otros; sin embargo también están seguros de que la defensa de nuestros hijos y la certeza de que la justicia y el sentido común se acabarán imponiendo, prestará energías. Mientras tanto la Plataforma y las AMPAS están firmemente dispuesta a trabajar para que el acceso a la Justicia no tenga un costo extra para las familias y la situación no añada a la segregación lingüística la discriminación en razón a la condición económica de las familias.
Por ello, se pone a disposición de todas las AMPAS y de las familias particulares para ayudarles a la defensa de sus hijos y llama al masivo envío de recursos administrativos no sólo de la Vega Baja, sino también de toda la Comunidad Valenciana, indistintamente de que sean vecinas de municipios de predominio lingüístico valenciano o castellano dado que, en todos los casos, existen sólidos argumentos jurídicos para detener la abominación que se cierne sobre el futuro de nuestros hijos.
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