Los agentes han acreditado la pérdida ilícita por parte de sus propietarios de un total de trece viviendas en la provincia de Alicante, con un perjuicio estimado superior a trescientos mil euros. La mayor parte de las dieciocho víctimas sufren grave riesgo de exclusión social y económica, viéndose agravada su situación tras perder sus propiedades que avalaban supuestos préstamos usureros
Momento de la detención
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado uno de los principales grupos criminales de la provincia de Alicante especializado en la comisión de delitos de estafas en el sector inmobiliario, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales a través de un entramado societario creado para tal fin.
Este grupo criminal, sobre el que ya recaen numerosas causas en diversos Juzgados tanto de Alicante capital como de la provincia, está especializado en delitos contra la Hacienda Pública y estafas de todo tipo, principalmente en el sector inmobiliario. Se da la circunstancia de que uno de sus líderes, detenido en diversas ocasiones por delitos de similar naturaleza, es abogado en ejercicio y se aprovechaba de la confianza que sobre él tenían las víctimas para consumar el engaño y el posterior desplazamiento patrimonial.
En esta ocasión, y valiéndose del auxilio de una amplia red de testaferros y colaboradores, se publicitaban en diversos medios de comunicación local como empresa que otorgaba préstamos a particulares, consiguiendo captar a personas con graves apuros económicos o en riesgo de exclusión social. Para la concesión de los préstamos, cuyo importe la mayor parte de las veces ni tan siquiera llegaban a entregar, ponían como condición que se avalara con una propiedad inmobiliaria de cara a garantizar su devolución.
Confiados en la legalidad de la operación que les transmitía uno de los líderes de la organización accedían a dicha garantía, si bien y sin que ellos fueran conscientes realmente de las consecuencias de su consentimiento lo que verdaderamente firmaban era la aportación de sus viviendas a una sociedad creada por la organización delictiva, con un capital social ficticiamente millonario, vía ampliación de capital no dineraria por el importe del préstamo.
De esta manera las propiedades que en un principio iban a garantizar el préstamo personal pasaban a ser tituladas por una empresa controlada por el grupo criminal a través de un testaferro, procediéndose a la venta a terceros de algunas de ellas.
Dentro de la estructura criminal los principales responsables idean las operaciones mercantiles, le dan cobertura jurídica y obtienen la mayor parte de las ganancias, otros miembros contactan con las víctimas y los acompañan en todo el proceso criminal consumando el engaño y finalmente un tercer escalón, permiten el cobro de diversos medios de pago recibidos en las operaciones de venta de los inmuebles a terceras personas sin riesgo y favoreciendo la ocultación del origen de dichas ganancias.
A través de esta mercantil y con la mecánica delictiva expuesta se ha acreditado la pérdida ilícita por parte de sus propietarios de un total de trece viviendas en la provincia de Alicante, con un perjuicio estimado superior a trescientos mil euros, si bien y tras la actuación policial se ha conseguido el bloqueo de la mayor parte de ellas evitando que tras la venta a terceras personas las víctimas no puedan recuperar sus viviendas.
El grupo especializado de la Policía Nacional, Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que ha desarrollado la investigación, ha podido identificar a 18 víctimas de esta trama delincuencial, algunas de ellas en riesgo de exclusión social.
Los siete detenidos, de nacionalidad española, hombres de entre 41 y 62 años de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad, el cual decretó prisión provisional para uno de los líderes de la organización criminal investigada.
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