(Nota de prensa de los Verdes, 13.11.2012)
La Sindicatura de Agravios ha atendido la queja presentada por Los Verdes por el escándalo por la utilización fraudulenta de los móviles del Equipo de Gobierno del P.P., remitiendo oficio al Ayuntamiento de Torrevieja para que informe sobre la situación de dicho expediente. Los Verdes plantearon la queja a la institución del Síndico de Agravios una vez que tuvieron conocimiento de la contestación que el Alcalde facilitó a sus concejales, en la que manifestaba su intención de no facilitar la información solicitada, alegando que: “ Visto que las mencionadas facturas contienen datos del desglose de llamadas cuya difusión podría vulnerar los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 18, en especial el secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal y familiar. “
“ Por la presente dispongo que se facilite a D. José Manuel Dolón García copia de las mencionadas facturas en cuento a la parte que no contiene el desglose de las llamadas efectuadas, al objeto de que pueda comprobar la integridad de la Cuenta General rendida. “
Los Concejales de Los Verdes pidieron el amparo de la Sindicatura de Agravios ante esa actitud hostil y entorpecedora del Alcalde que impedía el derecho fundamental a la información y a la labor fiscalizadora que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía encomiendan a todos los cargos públicos y en especial a los que conforman la oposición como elemento esencial de un estado democrático.
Destacar además, que la admisión a trámite de la queja planteada no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellos, lo que permite incorporar un nuevo agente fiscalizador manteniendo activas todas las demás opciones, incluida la judicial en el caso de que la Fiscalía decida finalmente intervenir.
Los Verdes consideran que la intervención de la Sindicatura de Agravios va a permitir disponer de más medios para poder profundizar en la fiscalización de este escándalo por el uso indebido de los teléfonos municipales, al tiempo que aportará nuevos informes y resoluciones sobre la necesaria transparencia que debe de primar en la gestión y el control del dinero público.
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