Objetivo Torrevieja

Miles de familias en una caravana de vehículos de más de 3 km se manifiestan en defensa de la libertad lingüística

Hace apenas unas semanas, la plataforma “Pilar de la Horadada por la Libertad Lingüística”, constituida principalmente por familias de Pilar de la Horadada lanzó la iniciativa de convocar una concentración en forma de caravana de vehículos para protestar por el secuestro de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes perpetrado por las autoridades políticas de Conselleria. Como es bien conocido, Vicent Marzà, desde su llegada a Conselleria ha mantenido como línea principal de actuación el programa para eliminar el derecho del 60% de los valencianos para que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna.

De nada ha servido la evidencia de que el último eslabón de este plan de acción, la Ley 4/18 de plurilingüismo, vulnere flagrantemente la Constitución y el Estatuto de Autonomía el cual reconoce el derecho a la exención de la lengua valenciana de los ciudadanos radicados en municipios de predominio lingüístico castellano. Las autoridades de Conselleria también han hecho oídos sordos a las advertencias sobre la imposibilidad, debido a la situación sanitaria, de llevar a cabo el debate de la comunidad educativa que exige la propia ley de plurilingüismo. A la inmensa mayoría de las familias y, en particular, a las más desfavorecidas, se les ha desprovisto de la menor participación en la educación de sus hijos.

Es este cúmulo de circunstancias, el desprecio hacia las familias y el abuso cometido contra los más mínimos derechos, lo que ha provocado que la llamada de un grupo de padres y madres pilareñas haya retumbado en toda la Vega Baja, adhiriéndose a la convocatoria la totalidad de las organizaciones de padres de la comarca (AMPAS Vega Baja, Idiomas y Educación, FAPA Gabriel Miró -COVAPA, integrada por las federaciones provinciales FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón y FAPA 9 d’octubre de Valencia-, Concapa), así como otras entidades nacionales como Hablamos Español o la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Del mismo modo, aun no siendo convocantes, también han querido sumarse al acto otras organizaciones de la Vega Baja, como los agricultores, los comerciantes y los ciudadanos todos que, pese a no tener una vinculación directa con el mundo educativo, sí lo están con el futuro de esta región y con las libertades de todos los ciudadanos y, desde esta consciencia, saben que en esta batalla por la libertad no nos jugamos mucho, nos jugamos todo.

Aunque resulta mucho más complejo que en convocatorias semejantes “peatonales”, el resultado nos obliga a caer en el tópico de que la asistencia ha desbordado cualquier tipo de previsión por parte de la organización. Miles de familias de toda la Vega Baja y de diversos rincones de la Comunidad Valenciana han acudido en la mañana del sábado a recorrer con sus vehículos las calles de Pilar para manifestar que, si son poderosos aquellos que quieren robar nuestros derechos y los de nuestros hijos, más fuerte es la voluntad de los padres y madres de defenderlos. La Policía Local pilareña ha tenido serios problemas para lograr que la concentración no colapsase completamente las calles de la ciudad, teniendo, finalmente que desviar a manifestantes puesto que el recorrido previsto ha sido insuficiente para dar cabida a todos los vehículos que han concurrido y que hubiesen colapsado de la misma manera la ciudad de Alicante caso de haber sido escogida como escenario de la protesta.

En una jornada reivindicativa y valiente pero, al tiempo, festiva; ciudadanos de diversas nacionalidades, de todas las regiones de España, de todos los colores políticos; se han unido, aparcando todo aquello que nos separa para priorizar aquello que nos une: la común preocupación por los derechos de nuestros hijos y su futuro vital. Aunque resulte sorprendente que, ya bien entrados en el siglo XXI, sea necesario echarse a la calle para defender valores tan reconocidos internacionalmente como el derecho a la educación en lengua materna, aunque cause perplejidad que en un país cuyo sistema democrático comience ya a peinar canas; las familias no han dudado en hacerlo, demostrando que el ánimo y las energías no han aminorado

La exitosa jornada de hoy, igual que lo fue la masiva demostración de fuerza que hace más de un año tuvo lugar en Orihuela, no es más que una demostración pública del abrumador rechazo que reciben las políticas liberticidas de la actual Conselleria de Educación. Los padres son conscientes de que este tipo de acciones no van a conmover la voluntad de los políticos que dirigen la Conselleria de Educación, que se han cansado de manifestar que ni el rechazo ni las movilizaciones multitudinarias a sus políticas modificarán su voluntad de eliminar los derechos de los ciudadanos y de extirpar el uso del castellano, demostrando con ello, una vez más, el más absoluto desprecio a la comunidad educativa. Ya ha quedado suficientemente claro que la educación y la libertad no es una cuestión de interés para los dirigentes de la Conselleria de Educación. Por eso, los padres y madres no se llevan a engaño y saben que, después del paso de hoy, tocan dar muchos más a fin de obligar a la cúpula política de educación a respetar los derechos del pueblo. Pero ese pueblo está dispuesto a darlos.

El inexorable rodillo ideológico ha seguido avanzando, relegando, con ello, a los hijos de las familias castellanohablantes de la Comunidad Valenciana a convertirse en una especie de ciudadanos de segunda, limitando en forma determinante su acceso a la educación superior y condenando, con ello, a poblaciones enteras, como es el caso de la Vega Baja, a ser simples proveedores de mano de obra barata para la Comunidad.

De forma análoga, Conselleria también ha vulnerado arbitrariamente otra de las condiciones que ella misma se había puesto, autorizando verbalmente a algunos centros al incumplimiento de la legislación, registrando como aprobados proyectos lingüísticos que ni siquiera habían sido presentados ante sus respectivos consejos escolares o, si llegaron a serlo, no alcanzaban las mayorías cualificadas que la propia Administración había fijado como mínimas. Como colofón de esta cadena de despropósitos, algunos representantes de la Administración, desde la conciencia de la más absoluta impunidad, se han permitido ningunear, burlarse e incluso insultar a padres y madres miembros de los consejos escolares.

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