El Alcalde de Torrevieja impide la fiscalización del contrato con el que se adjudicó el concierto que el grupo de música rock norteamericano REM celebró en Torrevieja en Mayo de 2005, no facilitando a los Concejales de Los Verdes la documentación de que dispone el Ayuntamiento sobre dicho evento. La petición se presentó por escrito en el registro municipal el pasado 27/02/2013, tramitando también la petición por silencio administrativo tras constatar que la misma no había sido facilitada en el plazo establecido por el Art. 36 del Reglamento Orgánico Municipal ( R.O.M.: 24 horas o en su defecto 30 días motivando el retraso ).
La Secretaria General del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Cultura emitió el pasado 29 de Abril el preceptivo certificado de silencio administrativo, haciendo constar que se había dado traslado del escrito de referencia al Alcalde – Presidente, por ser el órgano competente para resolver, facilitándole la documentación solicitada.
El Alcalde tiene ahora la pelota sobre su tejado, pues aunque tiene la obligación de responder, quizás esté muy interesado en no hacerlo por lo comprometido que pudiera resultar para su imagen y continuidad en el cargo, habida cuenta de que se trata de un concierto que él mismo tramitó directamente cuando era Concejal de Cultura, que presuntamente se hizo a través de una de las mercantiles del entramado de empresas que están siendo investigadas por su relación con el escándalo de corrupción del caso Gürtel y que según parece, podría adolecer de graves irregularidades que en su día fueron puestas de manifiesto por los técnicos municipales.
La empresa por la que se contrató el concierto de REM podría encontrarse entre las que investiga el TSJCV y la Audiencia Nacional en relación con la rama valenciana del caso Gürtel, dedicándose entre otras actividades a la organización de macro conciertos, festivales de música, congresos y otros eventos culturales.
De confirmarse, la trama estaría estrechamente relacionada con las investigaciones y las nuevas actuaciones judiciales que se siguen contra altos cargos de la Generalitat en relación con las contrataciones de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, que han tenido como consecuencia la reciente imputación de altos cargos de la Generalitat, entre otros el actual Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.
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