Objetivo Torrevieja

(Nota de Prensa, Los verdes 7.05.2012)

El Alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, continúa en su imparable proceso de imitación y superación de los comportamientos marrulleros y arbitrarios que caracterizaron toda una época del Ayuntamiento, cuando era dirigido por el anterior regidor como si de un cortijo se tratara. A la intensificación de la opacidad, traducida en la tardanza en dar la información a la que legítimamente tiene derecho la oposición; o en retenerla injustificadamente. Eso ocurre a menudo con las preguntas que tienen que ser contestadas en PlenoEstas se entregan, cuando se entregan, para que no sean públicas al final de la sesión, pervirtiendo el sentido del Reglamento Orgánico Municipal; o en contestar contradictoriamente en función de la coyuntura política, a veces amparados en la dudosa ética de algunos funcionarios, como hemos tenido ocasión de comprobar recientemente en el vergonzoso asunto de la Planta de Transferencia de Basuras, se suma ahora la retención de nada menos que más de 8 actas de la Junta de Gobierno Local, desde la última a la que Los Verdes tuvimos acceso, con el peregrino argumento de que los grupos municipales tenían que pedirla por escrito.

La situación es más grave de lo que pueda parecer, puesto que esta condición para la dación de actas se establece cuando el presente mandato municipal esta más que avanzado y, desde el principio, las referidas actas se venían entregando de oficio sin necesidad de escrito alguno. Las quejas, que alguna ha habido por parte de la oposición de Los Verdes, se han referido siempre a la tardanza en la entrega, cuando ha existido.

Al Grupo Municipal de Los Verdes no le extrañaría nada que esta nueva práctica obstruccionista se deba a las últimas iniciativas de fiscalización que se han llevado a cabo y que han puesto de manifiesto que el cambio de formas que se prometía en las elecciones de mayo no era más que otra pose hueca de contenido. El ambiente es parecido al que se vivió no hace muchos años con la supresión injustificada de los plenos ordinarios, con una clara tendencia a coartar los derechos fundamentales de la oposición y al incumplimiento del artículo 542 del Código Penal y de los artículos 103 y 106 de la Constitución Española.

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