(Nota de prensa de Los Verdes, 7.4.2014)
Los tribunales vuelven a llamarle la atención al Alcalde de Torrevieja y a su Equipo de Gobierno, poniendo en evidencia su prepotencia y su falta de sensibilidad con las demandas de los ciudadanos, hasta el punto de no atenderlas ni después de haber sido ratificadas mediante sentencia judicial firme.
Un ejemplo de este tipo de comportamiento lo tenemos en la sentencia 504/09, que recoge la reclamación planteada en Mayo de 2007 por un particular que demandó al Ayuntamiento por la ocupación de suelo de su propiedad para la ejecución de un vial público, fallando el tribunal en Noviembre de 2009, que el Ayuntamiento está obligado a tramitar el preceptivo expediente de expropiación para compensar económicamente al interesado.
Desde Noviembre de 2009 en que se produjo el fallo recogido en la referida sentencia 504/09, los dos alcaldes y los concejales del P.P. que han formado parte de las dos últimas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja han pasado olímpicamente del asunto, dejando pasar el tiempo indolentemente sin atender sus obligaciones legales y sin dar ni un solo paso para que la sentencia se llevara a efecto. Todo un despropósito impropio de unos políticos que aunque cobran como excelentes profesionales se comportan como unos vulgares chapuceros de tres al cuarto.
Ante la manifiesta insumisión del Alcalde y de los Concejales de su Equipo de Gobierno en el cumplimiento de la Sentencia, el interesado ha instado la ejecución forzosa, siendo ésta atendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, instancia judicial en la que se resolvió el procedimiento, que ahora ha apercibido al Alcalde y demás autoridades municipales, advirtiéndoles de su responsabilidad penal y de que procederá a imponerles multas coercitivas en caso de reiterarse en su incumplimiento.
Los Verdes denuncian la impresentable gestión que el Partido Popular viene haciendo en el Ayuntamiento de Torrevieja, marcada por el mal hacer y por el más profundo desprecio a las justas demandas de los ciudadanos, que como en el presente caso, lleva más de siete años peleando, desde que en el año 2007 procedió a recurrir la resolución municipal que dio origen a la ocupación ilegal de dichos terrenos y más de cuatro años desde que se produjo la sentencia judicial. Todo un escándalo de sus ilustrísimas autoridades que choca frontalmente con los principios de objetividad, eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, de conformidad con el Art. 103 de la Constitución Española.
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Filed under: Actualidad, Política |
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