Objetivo Torrevieja

(Nota de prensa, 18.9.2013)

El Partido Popular vuelve a mentir a los ciudadanos, tratando de disculpar su nefasta gestión urbanística echando la culpa a quienes en el año 1986 aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja, que como todo el mundo sabe, entró en vigor el mes de Enero de 1987, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez resueltas las reclamaciones y alegaciones presentadas por mercantiles y particulares durante el plazo de exposición pública.

En dichas fechas gobernaba Torrevieja con mayoría absoluta el PSOE, que disponía de 11 Concejales sobre un total de 17 que conformaban la Corporación Municipal, en la que también estaban Alianza Popular con 4 Concejales más el Concejal del PASOK y el del CDS. Durante dicho mandato municipal y pese a su amplia mayoría absoluta, el PSOE se vio envuelto en una convulsa crisis interna en la que las tensiones por la tramitación del PGOU pudieron tener mucho que ver, hasta el punto de llegar a romperse en varias facciones.

Las siguientes elecciones municipales se celebraron en mayo de 1987, quedando la Corporación Municipal compuesta de la siguiente forma: PSOE 6 Concejales, P.P. 5, CUT 4, CDS 1 y PI 1, resultando elegido Alcalde el candidato del PSOE, Joaquín García Sánchez, quien gobernó en coalición con el P.P. que se quedó con la tenencia de alcalde y la gestión de varias áreas municipales. Este gobierno de coalición también apoyado por PI y CDS, duró apenas un año, hasta mayo de 1988, fecha en la que se produjo la moción de censura de los más impresentables tránsfugas. Desde esa fecha y hasta julio de 2011 la Alcaldía la ostentó Hernández Mateo, gobernando el P.P. con mayoría absoluta hasta nuestros días.

No hay ningún tipo de duda de que el PGOU de Torrevieja lo aprobó el PSOE, del mismo modo que tampoco existe duda alguna de que el Alcalde Hernández Mateo y el P.P. han sido los únicos que han tenido la exclusiva de su gestión, y que a lo largo de estos 26 años han procediendo a efectuar cuantos cambios y modificaciones han considerado oportunos, haciendo todo tipo de operaciones y actuaciones, hasta el punto de poderse afirmar con total seguridad, que el modelo urbanístico de la ciudad no tiene ya nada que ver con el que recogía el PGOU de 1987.

No es serio afirmar ahora que el P.P. no tiene nada que ver con las reclamaciones millonarias por expropiaciones de suelo, aunque casi todas ellas tengan su origen en la aprobación del PGOU o en fechas en las que otros gobernaban la ciudad, pues es una rotunda mentira que no tiene ninguna credibilidad y que se desmonta a la primera de cambio, aunque también es cierto que muchas de las actuaciones urbanísticas tramitadas por el P.P. contaron con el apoyo y el beneplácito de los concejales del PSOE desde la oposición.

Los Gobiernos municipales del Partido Popular aparcaron sine die la tramitación de las expropiaciones de suelo contempladas en el PGOU porque no les preocupaba lo más mínimo, abordando otras actuaciones que consideraron más interesantes y rentables, como lo fueron las recalificaciones de las fincas rústicas de La Hoya, La Coronelita, La Ceñuela y de otras tantas, la modificación aprobada para que Continente ( actual Carrefour ) pudiera instalarse en Torrevieja cambiando de residencial a comercial la parcela sobre la que se ubica, la libertad tipológica, las modificaciones para el uso hotelero y la liberalización para edificios comerciales, las numerosas permutas de suelo, el descontrol de las infracciones urbanísticas, etc.

Los Verdes consideran que la deuda histórica que ahora reclaman estos propietarios de suelo afectado por las determinaciones del PGOU, representa el remate de una política urbanística basada en la especulación y el pelotazo, hecha de espaldas al pueblo y en beneficio exclusivo de unos pocos, con la que se han enriquecido políticos y promotores en claro perjuicio del conjunto de la ciudadanía, que ahora se ve obligada a tener que pagar los platos rotos, teniendo que asumir los costes de la crisis económica y financiera provocada por la artificial burbuja inmobiliaria a la que nos han llevado las políticas de nuestros gobernantes locales, autonómicos y del estado.

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