Objetivo Torrevieja

 (Nota de Prensa de Los Verdes, 8.2.2012)

J.Manuel Dolón, Los Verdes

El Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja sigue retrasando expedientes de expropiación acudiendo a la interposición de recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos adoptados por el Jurado Provincial de Expropiación que, para lo único que van a servir es para mermar todavía más las cuentas municipales, puesto que, en primer lugar, esos recursos suponen un gasto en representación jurídica y porque, en segundo lugar, se va a generar una no despreciable cantidad económica derivada de los intereses acumulados a partir de la cifra establecida por el Juzgado Provincial de Expropiación hasta el final del proceso.  La Junta de Gobierno del pasado 18 de noviembre de 2011 acordó interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Jurado Provincial de Expropiación con fecha de octubre de 2011 por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento contra el acuerdo de justiprecio del jurado de fecha 7 de julio de 2011, para la expropiación de terrenos sitos entre Avda. de París y Diego Ramírez y cuyo titular es la mercantil Construcciones y Proyectos Torrevieja, S.L. Para colmo, la Junta de Gobierno se reúne en el punto correspondiente a este asunto no para aprobar o no la interposición del recurso, sino que lo hace para aprobar o no el informe del técnico sobre esta cuestión, que parece asumir las competencias propias del órgano de gobierno al instar de manera imperativa a interponer el recurso en lugar de limitarse a establecer la posibilidad legal de ejercer esa vía si aquel órgano competente lo considerara.  Desde el Grupo Municipal de Los Verdes ya denunciamos en su día que la valoración establecida por el Jurado de Expropiación había sido de 2.400.000 euros, cifra considerablemente superior a la ofertada en última instancia por el Ayuntamiento, 88.000 euros, aunque en los primeros informes técnicos contenidos en el expediente de expropiación los técnicos municipales la situaran en 3.200.000 euros y la rectificaran a la baja posteriormente. Todo ello, contrasta abiertamente con la actitud mantenida por el Ayuntamiento de Torrevieja en la expropiación de los terrenos de la familia que vendió la famosa finca de Almoradí al ex-alcalde, Hernández Mateo, valorando la misma en más de 13 millones de euros y acordando su pago mediante la enajenación de suelo municipal y la concertación de un crédito que ahora tendremos que pagar todos los contribuyentes, sin necesidad de que mediara recurso o reclamación judicial alguna. Lo que para Los Verdes siempre fue indignante es que, como ya manifestamos en su día a raíz del recurso de reposición, cuya denegación ha motivado ahora la interposición del contencioso, la familia propietaria de los terrenos no hubiera tenido ningún derecho a ser indemnizada si el Ayuntamiento de Torrevieja hubiera actuado correctamente aplicando la legislación urbanística vigente en el momento en que se produjeron los hechos y velando por la economía municipal que ahora parece herida súbitamente de muerte, como por arte de magia, sin que nadie parezca ser responsable de la insostenible situación económica del Ayuntamiento.

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