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Los Verdes reiteran que fue suya la denuncia que provocó la imputación de varios cargos publicos del PP

(Nota de Prensa Los Verdes, 23.5.2013)

J.Manuel Dolón, durante la rueda de prensa de ayer

J.Manuel Dolón, durante una rueda de prensa (Archivo)

La denuncia de Los Verdes lleva ante los Tribunales a varios cargos públicos del P.P. y a un funcionario por la comisión de graves irregularidades detectadas durante la campaña electoral a las Elecciones Municipales y Autonómicas de Mayo del 2011. Las reiteradas denuncias presentadas por Los Verdes ante la Junta electoral de Zona de Orihuela y la posterior demanda judicial ante el T.S.J.C.V. precipitan la imputación de siete concejales y exconcejales del P.P. y de un alto funcionario municipal, que tendrán que prestar declaración por estos hechos ante el Juzgado Número 5 de Torrevieja. 

a cronología de los acontecimientos y el contenido de las denuncias presentadas por Los Verdes en sede electoral y judicial es incuestionable, y como se puso de manifiesto ante el T.S.J.C.V., no se trataba de un hecho aislado, sino de una serie de actuaciones perfectamente calculadas y coordinadas para conseguir el objetivo previsto, que no era otro que vulnerar las normas y los principios rectores de la LOREG en beneficio exclusivo del P.P. En definitiva, un trabajo equivalente al de una trama.

Las autorizaciones de actos a otros partidos en lugares ajenos a los espacios cedidos por el Ayuntamiento de Torrevieja y aprobados, programados y debidamente publicados en el BOP por la J.E.Z., en concreto a I.U. y APETEce., era una parte esencial de la jugada y de la coartada perfecta para poder ser posteriormente utilizada en su defensa.

La participación del alto funcionario era clave y determinante en el plan. Se pedía un informe sobre la oportunidad y legalidad de la celebración del acto público en un local no autorizado a un técnico municipal ajeno al equipo de funcionarios nombrados y oficialmente acreditados ante la JEZ para velar por el legal y normal funcionamiento del proceso electoral y para colaborar estrechamente con la Autoridad Electoral. Este informaba favorablemente la celebración del acto sin reparar en que se trataba de un acto electoral regulado por la LOREG. Vamos, como si se tratara de la solicitud de un colegio para celebrar los carnavales o la fiesta de fin de curso.

Tanto la participación del funcionario informando favorablemente la cesión a los partidos IU, APETEce y PP, como la posterior autorización por la Junta de Gobierno Local de los locales no autorizados por la JEZ fue denunciada por Los Verdes ante dicho organismo y el TSJCV, dejando claramente de manifiesto dichas irregularidades.

El Partido Popular necesitaba disponer para sus planes del concurso y de la participación del funcionario y de IU y APETEce, lo que le permitiría posteriormente poder utilizar en exclusiva las instalaciones del Auditorio Internacional del Alto de la Casilla para su acto central de campaña con la presencia de Camps, Trillo y de otras autoridades y altos cargos del P.P., disponiendo gracias a ellos de una excelente coartada para su justificación y descargo.

Pero tuvieron mala suerte como les viene pasando últimamente. Los acontecimientos fueron denunciados y puestos en conocimiento de la JEZ en tiempo y forma por los representantes de Los Verdes, destapando y poniendo en evidencia lo que no había sido más que un montaje urdido para incumplir las normas de la LOREG y burlar el control de la JEZ.

La denuncia judicial de Los Verdes ante el TSJCV, en la que se identifica a todos los responsables de la presunta trama, acompañada por todas las anteriores denuncias y documentos presentados en la JEZ no dejan lugar a dudas, señalando directamente a los autores de toda este montaje, no teniendo explicación alguna que no se haya reclamado la personación en sede judicial de los denunciantes. Por todo ello y habida cuenta de que los procedimientos judiciales por delito electoral no requieren de la imposición de fianza o aval alguno, y de que la participación de Los Verdes ha sido determinante para la imputación de los afectados, en breve estudiarán la posibilidad de personarse en dicha causa como acusación popular por considerar que son parte esencial como perjudicados e interesados.

 


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