El alcalde anuncia que se estudiarán las posibles responsabilidades de causar un perjuicio económico a los ciudadanos torrevejenses
El alcalde, José Manuel Dolón ha valorado en rueda de prensa las consecuencias de que no se haya aprobado en pleno el presupuesto municipal de 2016, el primer presupuesto elaborado por el actual equipo de Gobierno. El primer edil ha dicho que “trece concejales de la oposición han ejercido su derecho al voto perjudicando a los torrevejenses y a los servicios esenciales. Hay unos responsables de la situación y nadie puede acusar al equipo de Gobierno”. Dolón ha explicado que el avance del presupuesto de 2017 ya estaba presentado en el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un presupuesto que parte del de 2016 y que contemplaba la inversión plurianual hasta el 2018. Para el alcalde la primera consecuencia de que trece concejales de la ciudad hayan votado en contra de los presupuestos va a ser “un perjuicio en la prestación de servicios y dejar a colectivos en una situación de precariedad”.
Igualmente, ha reiterado en su intervención que en el presupuesto de 2016 contemplaba para la municipalización del servicio de recogida de basuras y la limpieza viaria una inversión de únicamente 6.135.000 euros, sin que ello supusiera “ningún recorte en ningún otro servicio”.
El primer edil ha dicho que el coste global de este servicio, con una inversión plurianual hasta 2018, hubiera alcanzado algo más de 20 millones de euros, que sería el mismo importe que le costaría a la nueva empresa que se adjudicara un servicio de la misma calidad. Mientras que los costes ordinarios actuales con Acciona, incluyendo el vertedero, son de casi 17 millones anuales, frente a los pocos más de 14 millones que le hubiese costado al Ayuntamiento la municipalización, según el proyecto de gestión realizado por el técnico del expediente en el mes de julio de 2016.
A partir de ahora, los ediles que “se han opuesto a que haya un considerable ahorro en la prestación del servicio tendrán que dar explicaciones. Los ciudadanos tendrán que pedir respuestas a por qué han votado no y a la obstinación del PP a seguir con un servicio con una historia detrás de corrupción en Torrevieja, en la Vega Baja, en la provincia y en algunos municipios más de la Comunidad Valenciana y España”.
Como consecuencia del resultado de la votación, Dolón ha manifestado que “a partir de este momento no se puede municipalizar el servicio y han conseguido dejarlo en precariedad”, cuando la pretensión del Gobierno era llevar a cabo “una renovación profunda, con material moderno para tener el servicio más eficiente de la provincia y seguramente de España, con una inversión en tres años de 20 millones de euros”. A lo que ha añadido que “nos han impedido transformar la ciudad, la salubridad y la imagen, que es vital para un municipio turístico”.
En su intervención ha dicho que lo que “han tirado por tierra PP y Cs” no lo han hecho con un “voto gratuito” su decisión tiene “responsabilidad” porque “se había puesto sobre la mesa un ahorro cuantificado. Los torrevejenses van a perder dinero y van a tener un servicio menos eficiente”. “No es una cuestión inocente”. Por ello, ha adelantado que va a dar orden de que “se estudie, viendo el perjuicio económico que supone esta situación, si hay responsabilidades”.
Dolón también se ha preguntado si pudiera haber “una mano negra tras la política de obstrucción del PP” y se ha referido a su falta de transparencia en las cuestiones relacionadas con este servicio en el pasado.
También ha manifestado que va a seguir, como hasta ahora, manteniendo reuniones con los trabajadores e informándoles puntualmente, porque la comunicación con la plantilla ha sido “básica en este proceso. Me he comprometido hacer a una asamblea y lo van a entender perfectamente”y ha señalado que la opción que queda ahora es “la privatización”.
Por último ha asegurado que van a seguir trabajando: “que no le quepa a nadie la menor duda, con alegría, con muchas ganas y vamos a seguir haciendo cosas pese a que el presupuesto sea el presupuesto del PP del 2015 y sea prorrogado. No es un motivo para tirar la toalla sino para identificar a los responsables de esta situación”.
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