Objetivo Torrevieja

Rafael Candela de la Fuente
Coordinador General
Partido Popular Provincia de Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió el pasado 28 de abril suspender cautelarmente el decreto de plurilingüismo a instancias de un recurso presentado por la Diputación de Alicante. El gobierno provincial considera que el mencionado decreto es discriminatorio, ya que utilizaba al inglés como premio o castigo en función del grado de valenciano al que aspirase cada alumno, y algo ha tenido que ver el tribunal para paralizar esta norma.
Sin entrar en el fondo del asunto, el Alto Tribunal decidió paralizar el decreto porque si finalmente la sentencia obligara a retirarlo, su aplicación previa habría causado daños de muy difícil reparación. Es decir, que el TSJ considera que resulta imprescindible que el decreto no se ponga en vigor antes de que dicte sentencia definitiva.
Como digo, esto sucedió en abril, con tiempo más que suficiente para que la Conselleria de Educación paralizase el decreto y reorganizase adecuadamente el funcionamiento de centros y materias de modo que estudiantes y familias no vieran quebrantados sus derechos.
Casi tres meses después, el Consell no ha ejecutado el auto y las dudas continúan en cientos de hogares de la provincia de Alicante. Lo único que ha hecho es brujulear para que parezca que cumple sin que esa apariencia tenga visos de realidad. Todo por obstinación mal entendida.
Porque, algo que parecen no entender los responsables de Consell, cualquier decisión que tomen tiene consecuencias en la vida de las personas. La principal es que las familias carecen en plenas vacaciones estivales de información acerca del método, procedimiento y proceso que seguirán sus hijos en el próximo curso. Las instituciones están para ayudar a los ciudadanos, no para ahogarles. Sin este principio, el resto se diluye.
La otra consecuencia, si acaso más perniciosa por cuanto sienta un precedente peligroso con una carga de profundidad terrible para el sistema mismo, es que el Ejecutivo le ha echado un pulso al poder judicial. Si no tenemos claras las reglas del juego democrático, al final todos perderemos el partido.
Estas reglas son muy sencillas: hay tres poderes que legislan, hacen cumplir y vigilan nuestras normas de convivencia. Los tres deben coexistir en igualdad de condiciones para evitar leyes injustas, abusos de poder y vulneración de derechos. Donde no funciona este sistema, ya no es una democracia, sino una dictadura. Esto, que es el ABC de una democracia, no parece que esté en los principios de algunos responsables políticos actuales de la Generalitat, por desgracia.
Todavía no salgo de mi asombro por las declaraciones que realizó la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en las que venía a cuestionar la independencia del TSJ y le acusaba de comportarse como un órgano político. Me recordaron otras de su amigo Pablo Iglesias en las que venía a pedir jueces comprometidos con la causa, algo similar a lo que piden los independentistas catalanes.
Aquí no todo vale. Esto sobrepasa los límites de la confrontación política usual, algo muy peligroso para el Estado de Derecho en sí mismo.
Espero que el objetivo de Oltra, Marzà y, por extensión de Ximo Puig, sea convertir en materia de lucha política lo que en realidad es una muy posible vulneración de los derechos constitucionales de estudiantes y familias. Es decir, enfangar un procedimiento judicial hasta convertirlo en una mera polémica partidista, de modo que si finalmente los tribunales no sostienen el decreto le quede al Consell el argumento de que se trata de una maniobra de hostilidad política impulsada desde la derecha y no de lo que simple y llanamente parece ser: una conculcación de la ley. Digo que espero que sea una estrategia política y no una revelación de los auténticos principios de Compromís de que nadie puede discutir sus normas y sus leyes, de que todos debemos plegarnos a su ordeno y mando.
El Partido Popular Provincia de Alicante lleva tiempo denunciando la radicalización de este Consell, pero es la primera vez que siento un escalofrío en la espalda. Las palabras de Oltra son el primer paso de un camino que, estoy seguro, no queremos recorrer ni los alicantinos ni los españoles.
No es que al actual Consell se le escapa la legislatura sin haber hecho absolutamente nada por las personas que vivimos, habitamos y tributamos en nuestra Comunitat, es que creen que el poder les pertenece por una autoridad moral natural. Da igual que legislen contra las personas en contra de la ley si les permite cumplir con la parte más rancia, sectaria y extremista de sus programas porque ellos están por encima de los demás.
Noto que muchos votantes del PSPV y de Compromís se arrepienten de su voto. Sienten que los representantes en los que depositaron su confianza cada vez están más alejados de la calle, sin diálogo y rompiendo lazos con los mismos ciudadanos que les dieron el poder.
Por eso, como afiliado del PP, me siento con mayor responsabilidad para ofrecer una alternativa a esos miles de alicantinos que se han visto defraudados. De la mano de la regeneración impulsada por Isabel Bonig y José Císcar, el PP quiere ofrecer a los ciudadanos un proyecto de gestión democrático, moderno, honesto y vertebrador.
Sé que todavía falta mucho para las elecciones autonómicas, previstas para 2019, pero veo un Consell cada vez más radicalizado. Por eso, los populares nos ofrecemos a los ciudadanos como garantes de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía y de la libertad de todos, sea en materia lingüística como educativa o económica. Solo espero que lleguemos a tiempo antes de que el Consell lo destruya todo porque estoy seguro de que la mayoría de ciudadanos no quieren radicalidad, problemas o ineficacia en la gestión. Cuenten con nosotros.

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