Víctor Ferrández Esteve
Coordinador local de Izquierda Unida Torrevieja (EUPV
Esta semana hemos conocido la imputación de varios cargos públicos del PP de Torrevieja por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. La investigación judicial trata sobre el uso fraudulento de los teléfonos móviles pagados con “dineros públicos”.
Para entendernos, probablemente veremos de nuevo a varios concejales y ex-concejales del PP y al alcalde, Eduardo Dolón, visitar los juzgados para defender su gestión municipal. Pero, ¿de qué se van a defender? La justicia investiga si los concejales y ex-concejales investigados robaron miles de euros de dinero público en forma de llamadas telefónicas a familiares y prostitutas, a concursos de televisión o para comprar partidos de fútbol.
Tal y como está la legislación actualmente y dada las cantidades robadas no parece que la condena, en caso de producirse, vaya a ser muy dura. Por tanto, lo que debería ser la consecuencia más contundente y ejemplar, la consecuencia judicial, no parece que vaya a serlo. Sin embargo, el escándalo público que provocó sí desencadenó, a pesar de las resistencias, algunas consecuencias políticas como la dimisión del ex-concejal Daniel Plaza y la devolución de algunas de las cantidades por parte de varios de los cargos públicos implicados. No es suficiente, sobretodo, porque el caso de los móviles simboliza y evidencia la impunidad con que el Partido Popular ha gobernado Torrevieja desde hace décadas, haciendo de nuestro pueblo su cortijo personal.
A pesar de todo lo anterior, a Izquierda Unida hay algo que nos preocupa tanto como la corrupción política en nuestro municipio; la incompetencia en la gestión de los asuntos públicos. Esta semana hemos conocido que la ciudad de Torrevieja pasa de 107.000 habitantes a 91.400 vecinos censados, un 14% menos. Un descenso impuesto por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero, ¿de quién es la culpa? De la incompetencia del PP de Torrevieja. ¿Por qué? Porque consciente de que daba muchos votos, el PP creo una cortina de humo según la cual nos vendió que el crecimiento demográfico era sinónimo de desarrollo del municipio, de prosperidad. Para ello, el PP impulsó que todo residente europeo que pasara por Torrevieja se censara en el municipio, sin embargo, se le “olvidó” asegurarse de que estos mismos residentes certificaran su residencia permanente a los tres meses, tal y como la ley exige. El INE les ha pillado.
Sin embargo, esta brillante demostración de incompetencia en la gestión municipal del Partido Popular tiene consecuencias. La primera, que al bajar de la barrera de los 100.000 habitantes en las próximas elecciones municipales de 2015 los torrevejenses elegiremos 25 concejales y no 27 como hasta ahora. Esto a IU no nos preocupa porque 25 concejales son más que suficientes para el gobierno municipal, siempre que estos sean competentes claro. La segunda gran consecuencia es mucho más grave y puede hipotecar aún más el futuro económico del municipio: este descenso de población en un 14% va a suponer un descenso en la participación de la cuota municipal en las transferencias del Estado. Es decir, en los próximos años se reducirán los ingresos municipales en cantidades que pueden ser millonarias. Menos ingresos suponen menos posibilidad de gasto y, por tanto, menos capacidad de inversión en el desarrollo de la economía municipal y el bienestar de sus vecinas y vecinos.
Desde el punto de vista económico, la incompetencia del censo va a perjudicar mucho más a las cuentas municipales que la corrupción de los teléfonos, sin embargo, se queda sin consecuencias judiciales ni políticas para el PP. De lo que en Izquierda Unida estamos seguros es que, como el pueblo ha adelantado en las elecciones europeas, las y los torrevejenses se las van a hacer pagar todas juntas al PP en las urnas de las elecciones municipales de 2015.
En Torrevieja a 4 de junio de 2014
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