Los autores de esta Carta pública dirigida al Presidente de todos los valencianos, Diputados nacionales de formaciones políticas distintas en el Congreso por la Provincia de Alicante y residentes ambos en la Vega Baja, deciden dar un paso adelante y la firman conjuntamente con la intención de ir a favor de todos y en contra de nadie.
Hospital Universitario de Torrevieja
El día 13 de Octubre el Gobierno Valenciano hizo presencia en la ciudad de Torrevieja para ejecutar un pacto político cerrado en Valencia entre el Presidente socialista Ximo Puig y sus dos socios de gobierno, Compromís y Podemos. Un pacto que ha dado lugar a un error subsanable. El citado pacto consistía en que la Consellera socialista Ana Barceló anunciara la vuelta a la gestión directa en octubre de 2021 del servicio sanitario, que siempre ha sido público, del Departamento de Salud 22, que corresponde fundamentalmente a los municipios más cercanos a la costa de la Vega Baja. La alternativa que tenía el Presidente socialista Ximo Puig era no cumplir ese pacto. Hasta aquí lo que la política dentro del Gobierno Valenciano ha hecho por la salud y la sanidad de los que vivimos en el Sur de la Provincia de Alicante.
Pero hablemos ahora de la realidad de las cosas… Estamos inmersos en una crisis sanitaria y económica sin precedentes en España. Nadie ignora ya la gravedad de la situación y de los escasos recursos de las administraciones públicas. Los ingresos en la Comunidad Valenciana tras un verano en blanco en materia turística, y sin visos de mejora a corto y medio plazo, vaticinan ajustes obligatorios para garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos en nuestra tierra. Ojalá la política pudiera hoy cambiar esta dura realidad. Peor es lo que viene. Y negarlo es una temeridad que lo único que provoca es más caída económica y más dolor en la sociedad.
El servicio público sanitario que presta la concesionaria Ribera Salud en el Departamento de Salud 22 a los municipios de la costa de la Vega Baja, según los datos facilitados por la propia Consellera de Sanidad socialista Ana Barceló, es de los mejores de toda la Comunidad Valenciana. Y no debe ser suficiente. Seguro que pueden ser mejorados. Las listas de espera son de las más bajas de toda la Comunidad. El personal sanitario en este departamento no tiene certeza de cuál es su futuro. Hoy 1.400 familias no obtienen respuesta del Gobierno Valenciano sobre lo que será su expectativa laboral tras la reversión. No saben si pueden planear la compra de una casa, de un coche, casarse, tener hijos… Y la empresa Ribera Salud, con el fin de continuar en la concesión prorrogada cinco años más, ha ofrecido cuarenta millones de euros en inversión en infraestructuras sanitarias importantísimas y necesarias para dar garantía de un servicio esencial a uno de los motores turísticos más importantes de España conformado por Guardamar, Torrevieja, Orihuela-Costa y Pilar de la Horadada, junto a algún otro municipio más pequeño.
Pero si hay algo que, además, nos sorprende, es que la Consellera Barceló, en su visita a Torrevieja, haya alegado, literalmente, que los motivos de su decisión de revertir el modelo de gestión del Departamento de Salud 22 no son sino de eficiencia y no ideológicos. Y nos sorprende porque esa decisión no deja de ser un acuerdo producto de un pacto político de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, sin que se haya puesto sobre la mesa, en el más elemental ejercicio de transparencia ante la ciudadanía, ante los usuarios de una infraestructura sanitaria como la de este área sanitaria, con su hospital universitario al frente, un solo motivo técnico que permita adivinar razonablemente en qué va a mejorar un modelo de gestión ya de primer nivel en lo asistencial y en lo económico. Si la eficiencia de una gestión consiste en lograr el resultado esperado con el menor gasto de recursos posibles (la eficacia sería lograrlo con los recursos a mano, sean más o sean menos), la Sra. Barceló debiera explicar por qué dice actuar siendo eficiente, esto es, ahorrando, cuando realmente parece que lo que dice que querría ser es solo eficaz. Y quizá ni eso, porque frente a un modelo que ha acreditado ser económicamente más interesante para el bolsillo de los ciudadanos, que somos quienes pagamos los impuestos con los que se financia la sanidad pública, sea cual sea su modo de gestión, su eficacia terminará en contratar a tanto personal como se quiera, fundamentalmente amigos, y consumir recursos sin freno. Claro que, total, el dinero público, como ya dijo alguien ideológicamente próximo a la Consellera, no es de nadie.
Lo anterior no lo decimos nosotros. Son los datos de un informe oficial de una Sindicatura de Cuentas valenciana nada sospechosa, justamente, de parcialidad. Simplemente léanlos, que son públicos. Y en esos datos es en los que debería basarse la decisión de un gestor político, y no en razones ideológicas, como reconocía hacer en este caso la propia Ana Barceló hace solo unos meses. Porque ténganlo claro: si hay algo que en este momento vamos a ver menguar por la situación que nos ha tocado vivir es eso precisamente, los recursos públicos. Y por eso, repetimos, no entendemos que nos vistan de “eficiente” lo que ni siquiera va a poder ser “eficaz”.
Los que de manera conjunta firmamos estas líneas, en nuestra trayectoria política municipal y en las Cortes Generales como Diputados Nacionales, hemos cometido con certeza errores. El Presidente Ximo Puig en su trayectoria, seguro que también. ¿No es posible que el Presidente de todos los valencianos, a la vista de la incapacidad financiera sobrevenida de la Generalitat Valenciana por la crisis económica y sanitaria que nos asola, pueda rectificar el erróneo anuncio del martes 13 de octubre? ¿No es posible que el Presidente negocie y apriete lo que sea necesario a Ribera Salud consiguiendo la mejora de los estándares sanitarios en el Departamento de Salud 22 de la Costa de la Vega Baja para que veamos realizadas esas inversiones sanitarias millonarias a cambio de prorrogarle la concesión unos años mientras pasa esta doble crisis sanitaria y económica? Esto se llama colaboración público-privada, y se ha demostrado que funciona perfectamente bajo la debida fiscalización de la administración.
Presidente, pensando en los vecinos de la Vega Baja: este error es obligatoriamente subsanable. Defendamos todos un sanidad pública de calidad y eficiente, del mejor nivel asistencial y en las mejores condiciones económicas, que tanto la salud como el dinero público son, nosotros sí lo tenemos claro, de todos.
Joaquín Albaladejo Martinez fue Diputado Nacional en la XI y XII legislatura por el PP.
Juan Ignacio López Bas fue diputado Nacional en la XIII Legislatura por Cs’
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