Por qué estamos en contra de la reforma de Gallardón a la ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo
Carmen Corredera Gallego
Coordinadora del Área FEMINISMO de la Asamblea de EU/IU de Torrevieja
La reforma del Gobierno central sobre la interrupción voluntaria del embarazo, consideramos que es una agresión directa a los derechos y libertades de la mujer y además supone “retroceder 30 años”.
Es una reforma fundamentalista con la que el Gobierno atenta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con “hipocresía, ánimo de venganza y desde la ideología más reaccionaria”.
Por eso, desde EU/IU de Torrevieja, llamamos a salir a la calle y protestar ante las instituciones gubernamentales en defensa de los derechos de la mujer, y a desobedecer “la contrarreforma del machismo gubernamental”.
Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley son:
1ª. – Está funcionando bien. Ha resuelto, gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior y no se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias de ningún tipo.
2ª. -Respeta a las mujeres. Reconoce y da un plazo a las mujeres para poder decidir libremente sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo. Es la mejor manera de no atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas.
3ª.- Es constitucional. Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos.
4ª.- Garantiza la salud de la vida en formación. Establece límites y ofrece a las mujeres información y recursos alternativos y ha demostrado ser la mejor manera de conciliar el deber del Estado de proteger la vida en formación, con el derecho de la mujer a decidir.
5ª.- En Europa es la mayoritaria. La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos tradición política y constitucional. Solo en Malta y el Vaticano estarían de acuerdo con la Ley Gallardón. En una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de forma distinta a las mujeres de Grecia, Portugal Francia o Alemania.
6ª.- Es igualitaria al no distinguir entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones por lo que, a la agresión a la mujer que significa la pretendida reforma, se une la discriminación por clase o condición social.
7ª.-La población, sobre todo la femenina, está conforme. La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas.
8ª.- Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde vivan.
9ª.-La ley vigente es eminentemente preventiva. La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en especial de la población más joven y es el mecanismo más eficaz para disminuir el número de abortos.
10ª.-Derogar esta ley supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir, en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva, sin que nos persigan. Perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.
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